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El juez Cirilo Salomón, de la Oficina de Atención Permanente del distrito judicial de Santiago, impuso este martes como medidas de coerción garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país contra los ejecutivos de la planta de gas licuado de petróleo Coopegas del municipio de Licey al Medio, donde un incendio provocó la muerte de 11 personas.
El magistrado Salomón también declaró el caso complejo.
Héctor Ramón Vásquez Sandoval, gerente general, Aurilio Concepción, presidente, y Roberto Antonio Polanco, encargado de operaciones de la empresa, deberán pagar 10 millones de pesos a través de una empresa aseguradora.
Mientras que Emilio Yan, encargado de la estación, tiene que pagar un millón de pesos también mediante una compañía.
El grupo fue acusado de homicidio involuntario, negligencia, falla humana y mecánica, porque no respondieron las tres válvulas de seguridad de la envasadora.
El fiscal títular de Santiago, Francisco Núñez, dijo que esperarán a que el tribunal les entregue el dispositivo para evaluar si apelarán la decisión.
Los imputados se negaron a ofrecer informaciones mientras eran trasladados de la sala de audiencia por un equipo de seguridad privado.
Una comisión de la Federación de Cooperativas del Cibao Central (Fecoopcen) acudió al Palacio de Justicia de Santiago en apoyo de los imputados.
La audiencia fue conocida en la sala del Tribunal de Ejecución de la Pena, debido a que el espacio de Atención Permanente es muy pequeño para la cantidad de las personas involucradas en el caso, y se extendió por más de cuatro horas.