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Los administradores de beneficios farmacéuticos (PBM, en inglés) son responsables de negociar precios con los fabricantes de medicamentos, pagar a las farmacias y ayudar a decidir qué medicamentos están disponibles y a qué costo para los pacientes.
Estos PBM son contratados por los empleadores y programas de seguro médico público como Medicare, el seguro del Gobierno federal para personas de la tercera edad, para administrar el suministro de medicinas.
La querella legal sostiene que incluso cuando se disponía de insulinas de menor precio de lista que podrían haber sido más asequibles para los pacientes vulnerables, los tres acusados las excluyeron sistemáticamente a favor de productos de insulina de precio más alto.
Estas estrategias han permitido a los PBM y las aseguradoras “llenarse los bolsillos, mientras que ciertos pacientes se ven obligados a pagar costos más altos por medicamentos de insulina”, alega la denuncia.
La acción legal busca poner fin a “la conducta explotadora de los tres grandes PBM y marca un paso importante para arreglar un sistema disfuncional”, lo que podría tener repercusiones más allá del mercado de la insulina para reducir precios de otros medicamentos, añadió Rao.
Los altos precios de los medicamentos es uno de los problemas importantes que los votantes han mencionado de cara a las elecciones presidenciales de noviembre próximo.