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Francisco Contreras dice se necesita mayores recursos para enfrentar delitos ambientales

Vicner Ogando
2 octubre, 2024 - 4:30 PM
5 minutos de lectura
Francisco Contreras dice se necesita mayores recursos para enfrentar delitos ambientales
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El titular de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Francisco Contreras, declaró que dicho organismo no tiene un presupuesto asignado para darle persecución y prevención a a los delitos ambientales y que solo cuenta con los recursos para el combustible y logística. 

Las declaraciones fueron ofrecidas en A Diario programa Radial que se transmite por Sentido 89.3 FM

Ciertamente el ministerio público ambiental no tiene un presupuesto, y lo asumo responsablemente, no tiene un presupuesto para darle persecución, solamente contamos con combustible y recursos para la operatividad que requieren los delitos ambientales”, aseguró Contreras.

De igual forma indicó que para asegurar las buenas políticas y cumplimientos de las normas ambientales se requiere fortalecer el mecanismo de investigación, persecución y prevención a través de los órganos reguladores especializados en esa área. 

Mayor penalidad

“Se requiere de mayor penalidad para los que cometen un delito, hay que modificar las legislaciones ambientales, existen leyes ambientales que cuentan con 3 años máximo de prisión y se requiere fortalecer el mecanismo de investigación y persecución, es una realidad que nos afecta y se requiere perseguir los carteles que operan en los ríos”, informó el Titular del ministerio Público ambiental. 

Indicó que han intervenido las dunas de baní como procuraduría, conjuntamente con el ministerio de medio ambiente y el Servicio de Protección Ambiental (senpa) de forma constante, pero se requiere mayor vigilancia y mayor seguimiento por el servicio del Senpa que es la policía ambiental.

Asimismo especificó que para que el ministerio público pueda accionar, se necesita que sean arrestados los que infringen la ley y presentado a la fiscalía por el órgano regular Senpa o por cualquier autoridad o policía.

“Si no ocurre estamos generando impunidad, entonces el Ministerio Público está de manos atadas, porque no es la policía ambiental, si no existe un sometimiento contundente no se puede llevar los casas antes los jueces para hacer los proceso necesarios de sometimientos“, aseveró

Presupuesto

Contreras dijo que existen presupuesto pero hay que fortalecerlo, pero se requiere de que el estado dominicano asuma con mayor eficacia la persecución y la prevención de los delitos ambientales, porque “sin el medio ambiente no hay vida, si nos quedamos sin los ríos, sin el recurso agua, sin el recurso bosque, no estamos condenando a la muerte, a la presente y futura generaciones”, exclamó.

En ese mismo tenor expresó que se requieren un presupuesto de 15 o 20 millones pesos para la institución. 

Carteles.

Contreras relató que hay carteles que operan en los ríos, y que los mismos operan con protección

“Es una realidad que nos afecta y se requiere perseguir los carteles que operan en los ríos ydichos carteles operan con protección”.

Declaró que, al ser preguntado por unos de los panelistas, que desconoce la vinculación del poder o Gobierno que protegen a dichos carteles y que el servicio del Senpa, como el órgano regular del ministerio público se fortalezca para poder perseguir prevenir los delitos ambientales.

Por otro lado enfatizó que el ministerio Público Ambiental, no es igual que otros ministerios de la misma categoría otras ramas o delitos, dijo que el organismos es operativo, “tiene que estar en la montaña, en los ríos y bosques, y tiene que hacer inspecciones y levantamientos, un 90% de los casos que lleva lo procuraduría especializada para la protección del medio ambiente lo buscamos nosotros, no porque ninguna autoridad, policial o militar lo presenta”, informó Contreras.

El titular de la institución manifestó también que, hay sometimientos en la oficina de Ministerio de Medio en San Cristóbal que manejan los casos de San Cristóbal y Baní, y han sometido a ciudadanos por la extracción de arena de las dunas de Baní, talas de árboles, y la apropiación de los terrenos de forma ilícita de los ciudadanos por tema de construcción, y se han realizado una notificaciones de desalojamientos hacia las personas que tienen vivienda.

 

 

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