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El Ministerio Público ha llevado a cabo la Operación Camaleón, un operativo que resultó en varios allanamientos y la detención de siete personas involucradas en presuntas irregularidades en un contrato otorgado por el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre (INTRANT) a la empresa Transcore Latam.
De acuerdo a la orden de arresto 2024-AJ0020784, dictada por Fátima Scarlette Veloz Suárez, jueza titular del Décimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, el proyecto de "modernización del sistema de control de tráfico y la red semafórica" fue inicialmente presupuestado en solo RD$ 104 millones en el Plan Operativo Anual (POA). Sin embargo, a pesar de la falta de fondos asignados, en enero de 2023, Hugo Beras, en complicidad con Frank Atilano Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Pedro Vinicio Padovani Báez y José Ángel Gómez Canaán (Jochy), establecieron una asociación criminal que llevó al desvío de fondos. Sin justificación, el monto del contrato fue elevado a RD$ 1,200 millones, lo que representa un asombroso aumento del 1,053%.
Señala que este cambio fue ejecutado por la Dirección de Planificación y Desarrollo, bajo la dirección de Erzsike Giselle Bobadilla Zimmermann, y se realizó a instancias directas de Hugo Beras. El pliego de condiciones para la licitación fue manipulado para favorecer a Transcore Latam S.R.L., adaptando los requisitos a las necesidades de la empresa. En enero de 2023, Beras solicitó a Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero, y a través de Frank Atilano Díaz Warden, que coordinaran la contratación del proyecto. Sin embargo, no existía documentación técnica ni financiera que respaldara el costo exorbitante del proyecto.
El Comité de Compras y Contrataciones del INTRANT, a través del acta núm. 0002-2023 del 17 de febrero de 2023, autorizó la licitación, designando a Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda como coordinador de los peritos, comprometiendo así la imparcialidad del proceso, ya que él había sido quien originalmente solicitó la licitación.
Las irregularidades continuaron con la falsedad en la fuente de recursos, ya que el pliego afirmaba que los fondos estaban disponibles en el presupuesto de 2023 del INTRANT, aunque el proyecto no estaba contemplado en dicho presupuesto. Los fondos fueron solicitados en mayo de 2023 y obtenidos a través de una transferencia del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), conforme a la Ley núm. 491-06 de Aviación Civil. Esta transferencia totalizó DOP$ 1,200 millones, desglosados en tres desembolsos: DOP$ 240 millones en junio, DOP$ 600 millones en septiembre, y DOP$ 360 millones en octubre.