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A pesar de las críticas que señalan una posible violación de la Ley 47-20, que rige la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP), Carlos Pimentel ha decidido mantener ambos cargos, tanto como Director Ejecutivo de la DGAPP, como su actual puesto en la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP).
Carlos Pimentel, recientemente designado como Director Ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP), ha emitido un comunicado en el que reafirma su compromiso con la transparencia, la eficiencia y la institucionalidad de la Administración Pública.
Pimentel agradeció al presidente Luis Abinader por la confianza depositada en su persona y aseguró que continuará trabajando para fortalecer el sistema de contrataciones públicas, incluyendo las APP (Alianzas Público-Privadas). Su enfoque principal será coordinar estrategias que permitan alcanzar mayores niveles de eficiencia y contribuir a la racionalidad del gasto público.
En el comunicado, Pimentel enfatizó que su doble rol como Director de la DGAPP y su participación en el Consejo de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) se mantendrá dentro de los límites de la legalidad, garantizando que, en caso de conflicto de interés, optará por la inhibición o delegación de sus funciones.
Asimismo, destacó la importancia de la Ley 340-06, que regula las compras y contrataciones públicas, afirmando que la DGAPP operará bajo estas mismas normas, asegurando que no habrá favoritismos ni excepciones en los procedimientos de selección de proyectos de APP.
Finalmente, Pimentel informó que ya se está trabajando en un plan estructural para cumplir con el mandato del presidente Abinader y lograr la integración administrativa de ambas instituciones. Añadió que seguirá promoviendo la honestidad y la transparencia en todas sus gestiones, en beneficio del país.
La polémica surge a raíz de que la Ley 47-20, en su artículo 19, numeral 6, establece que el cargo de director ejecutivo de la DGAPP es incompatible con cualquier otro puesto público, salvo el de docente. Varios juristas han expresado su preocupación, ya que Pimentel tendría voz y voto en ambas funciones, lo que lo colocaría en una posición de «juez y parte» en las decisiones vinculadas a las contrataciones públicas y las alianzas público-privadas.
Por otro lado, algunos abogados, que prefirieron no ser citados, argumentan que el decreto presidencial que establece la condición honorífica del puesto en Compras y Contrataciones es suficiente para cumplir con la normativa vigente, ya que, técnicamente, Pimentel no recibiría remuneración por su trabajo en DGCP y, por tanto, no estaría en conflicto con la Ley de Administración Pública. Sin embargo, reconocen que esta situación podría interpretarse como un conflicto de intereses, ya que la misma persona tendría poder en dos áreas estratégicas del gobierno.