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El Consejo Nacional de Participación Ciudadana se mostró en desacuerdo ante la reciente designación de Carlos Pimentel como director ejecutivo de la Alianza Público-Privada (APP), esto debido a las serias dudas que enfrentan sus nombramientos respecto a su legitimidad jurídica y la conveniencia de que una sola persona asuma múltiples funciones.
Mediante un comunicado, la entidad advirtió que la interpretación parcial de diversas disposiciones legales no sustenta adecuadamente la acumulación de cargos públicos.
Participación Ciudadana en desacuerdo con nueva designación de Carlos Pimentel
Participación Ciudadana entiende que la designación de Carlos Pimentel como director ejecutivo de la Alianza Público Privada enfrenta cuestionamientos sobre su legitimidad jurídica, así como sobre la conveniencia de distribuir el tiempo y los esfuerzos de un mismo funcionario entre dos funciones que requieren mucha dedicación y tienen retos fundamentales en aspectos tan importantes como la transparencia y la institucionalidad.
No cuestionamos las intenciones del presidente al asignar esta nueva responsabilidad a Carlos Pimentel, ni las de éste al aceptarla, sin embargo, la interpretación sesgada de varios artículos de diferentes leyes no es una buena sustentación para funciones que requieren mucha legitimidad como las asignadas a este funcionario. Si algo queda claro en la Constitución y varias leyes es que la intención de la legislación es evitar la concentración de varios cargos públicos en una sola persona.
En este caso no se trata de cargos de menor importancia, sino de funciones que confrontan permanentemente fuertes y variados intereses, por lo que requieren de absoluta legitimidad. Si la intención del nombramiento es iniciar un proceso de fusión de estas instituciones, estamos seguros de que Carlos Pimentel realizaría un excelente trabajo desde la DGCP o desde la APP, sin necesidad de ocupar ambos puestos y exponerse a tantos cuestionamientos.
Tomando como base el Art. 144 de la Constitución de la República; el Art. 19 de la Ley 47-20, de Alianzas Público Privadas; el Art. 80.5 de la Ley 41-08 de Función Pública entendemos que el nombramiento no procede. Aplicarle el concepto de honorífico al cargo de director de Compras y Contrataciones Públicas es un error, ya que la característica del mismo no debe ser variada por un decreto presidencial. A esto se agrega la incompatibilidad que significa ocupar dos representaciones en el consejo directivo de la APP y que ésta, en parte de sus actividades, está sujeta a la supervisión de la DGCP.
Participación Ciudadana expresa su preocupación por el riesgo de que las funciones de la Dirección de Compras y Contrataciones puedan ser afectadas por esta decisión presidencial y desde ahora expresamos nuestra esperanza de que un nuevo nombramiento en esta posición recaiga sobre una persona que inspire la confianza de la ciudadanía y garantice la continuación y profundización de los cambios que se han realizado en los últimos años