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En una operación conjunta, EDEESTE y la Procuraduría General de Asuntos del Sistema Eléctrico (PGASE), realizada en Higüey, se detectaron irregularidades en el consumo de electricidad del centro dental Implanty Dent, que cuenta con un total de ocho consultorios.
Durante el operativo, se verificó que el medidor de energía del establecimiento estaba detenido, a pesar de estar conectado a una carga considerable de equipos y luminarias. Tras este descubrimiento, se levantó un acta oficial y el medidor fue enviado para su evaluación técnica.
Según un comunicado de prensa, en las instalaciones de Implanty Dent se verificó una carga eléctrica que incluía diversos equipos de alto consumo, tales como 5 aires acondicionados de 12,000 BTU, 2 aires acondicionados de 18,000 BTU, compresores dentales y equipos de refrigeración, entre otros.
Desde abril de 2024, el centro había registrado una facturación mensual promedio de RD$1,051, equivalente a 105 kWh, cifra muy inferior a lo correspondiente a la carga real detectada durante la inspección. Según los resultados, la facturación real debería rondar los RD$58,982.21, lo que se traduce en 6,503 kWh. Esto implica que en los últimos cinco meses la institución ha dejado de facturar un total de 31,993 kWh.
Los análisis realizados por el laboratorio de mediciones eléctricas de INDOCAL sobre el medidor verificaron que este habría sido manipulado, ya que ambas líneas de corriente estaban desconectadas y cortocircuitadas, y que el dispositivo “no sensa” correctamente.
La recuperación de energía por los kWh dejados de facturar durante el período estimado asciende a RD$410,725.39, monto que se procederá a recuperar conforme a las normativas vigentes.
Esta intervención refuerza el compromiso con la transparencia y la justicia en el consumo de energía en beneficio de toda la comunidad.
EDEESTE ha implementado una serie de iniciativas efectivas y sostenidas para combatir el fraude en el suministro de electricidad, demostrando su compromiso con la transparencia y la eficiencia.
Estas medidas incluyen campañas de concienciación, que educan a los usuarios sobre la importancia del consumo responsable y las implicaciones legales del fraude, así como operativos de inspección en zonas con altos índices de irregularidades.