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La jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, ordenó el inicio de un juicio de fondo contra los acusados de formar una red dedicada a modificar antecedentes penales en la base de datos de la Procuraduría General de la República mediante el pago de sobornos.
La decisión se sustenta en el informe presentado por el Ministerio Público, representado por los fiscales Andrés Mena y Eduardo Velázquez, quienes detallaron cómo los implicados habrían alterado datos oficiales en la Procuraduría aprovechando sus puestos dentro de la entidad.
La jueza Rivas aceptó las pruebas presentadas y la calificación de los delitos por parte de los fiscales.
Por otro lado, las medidas de coerción se mantendrán para la mayoría de los imputados, mientras que Antony Vicente Ferrer Monegro y Pilar Yrenes Medina Trinidad de Dotel recibieron modificaciones en sus restricciones: Ferrer deberá presentarse periódicamente y no podrá salir del país, mientras que Medina Trinidad deberá pagar una garantía de RD$500,000, presentarse periódicamente y no podrá salir del territorio nacional.
Los imputados incluyen a Alfredo Mirambeaux Villalona, Mártires Rosario Reyes, Rubén Darío Monbán Santana, Ashley Darleni Morbán Reyes, Laudelina Esther Reyes Silva, Pilar Yrenes Medina Trinidad de Dotel, Romanqui Alexander Dotel Medina, Yokaira Elizabeth Carmona, José Ramón Quezada Carmona, Antony Vicente Ferrer Monegro, Víctor Gilberto Mercedes Gómez.
También Dilcia Argentina Núñez Santos, Luis Alfredo Astacio Polanco, Katherine Franchesca Astacio Polanco, Jancely Estala Arias López, Domingo Julio Santana Sánchez, Luis Peña Cedeño, y la empresa Nexcom Technology, presuntamente utilizada para lavado de activos, según el Ministerio Público.
Como resultado de la “Operación Gavilán”, el Ministerio Público desmanteló esta red criminal, la cual habría eliminado cerca de 17,000 registros de antecedentes penales, beneficiando a individuos involucrados en crímenes graves como sicariato, narcotráfico, violaciones sexuales, violencia de género, adulteración de bebidas alcohólicas y secuestros.
La acusación detallada que se habrían eliminado antecedentes de personas condenadas hasta con 30 años de prisión.
El Ministerio Público también sostiene que los acusados, además de adulterar registros, involucraron a familiares y amigos para facilitar operaciones financieras, utilizando los fondos ilícitos para adquirir bienes y servicios.
La lectura íntegra de la decisión fue programada para el próximo 3 de diciembre a las 2:0 de la tarde.