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Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), obtuvo su libertad este miércoles luego de que la Corte de Apelación del Distrito Nacional modificara su medida de coerción.
Los jueces variaron la prisión preventiva de 18 meses que le había sido impuesta en el caso Operación Camaleón, por medidas menos severas: impedimento de salida del país, presentación periódica y el pago de una fianza de cinco millones de pesos.
Beras, quien había estado recluido en la cárcel de Najayo desde su arresto hace un mes, expresó su agradecimiento y destacó que su principal deseo era reunirse con sus hijos, a quienes no había visto desde su detención.
La defensa de Beras confirmó su liberación, detallando que el exfuncionario ya se encuentra en su hogar.
En la misma resolución, los jueces también decidieron modificar las medidas de coerción de otros dos imputados en el mismo caso: José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), propietario de la empresa Aurix S.A.S y Transcore Latam, y Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant.
Gómez fue beneficiado con una garantía económica de dos millones de pesos, mientras que Padovani quedó sujeto a una fianza de cinco millones de pesos.
Los tres imputados también deberán cumplir la presentación periódica ante el Ministerio Público los tres primeros días de cada mes hasta que culmine la etapa preparatoria del caso.
Los jueces consideraron que Beras, Gómez y Padovani no representan peligro de fuga, por lo que pueden continuar conociendo su caso en libertad con estas medidas menos gravosa.
La corte valoró a unanimidad las variaciones de medida de coerción contra Beras y Padovani. En el caso de Gómez hubo un voto disidente por parte de la jueza Isis Muñiz, quien no estuvo de acuerdo con dejar fuera de la cárcel a este último, por considerar que puede destruir pruebas en el proceso de investigación.
Los involucrados, en el también llamado caso Intrant, fueron enviados al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres de San Cristóbal hace un mes para que cumplieran 18 meses de prisión preventiva por supuestamente ejecutar de forma fraudulenta el contrato de 1,317 millones de pesos para instalar la red semafórica del Gran Santo Domingo.
El Ministerio Público acusa a Jochi Gómez, Hugo Beras y Pedro Padovani de pertenecer a una supuesta red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje y terrorismo contra infraestructura crítica y robo de identidad.