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La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Puerto Plata ordenó un año de prisión preventiva a Luisa Fernanda González Contreras, quien está acusada de formar parte de una red de trata de personas desmantelada durante la Operación El Círculo.
La decisión fue tomada por el juez Romaldy Marcelino Henríquez, quien además declaró el caso de tramitación compleja, acogiendo la solicitud del Ministerio Público.
La Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, liderada por la procuradora Yoanna Bejarán, junto con la Fiscalía de Puerto Plata bajo la dirección del fiscal Kelmi Duncan, están a cargo de la investigación.
Las fiscales Carmen Daynisa Rosario Pascual y Patricia Lagombra Polanco llevan adelante las pesquisas.
La investigación se centra en una organización criminal dedicada a la captación, traslado y explotación sexual de mujeres colombianas en la República Dominicana.
Luisa Fernanda González Contreras enfrenta cargos tras ser señalada como la principal implicada en la captación de ciudadanas colombianas, transportadas y acogidas en Puerto Plata, abusando de su situación de vulnerabilidad con fines de explotación sexual.
Este caso pone en evidencia no solo la grave violación a los derechos humanos de las víctimas, sino, también, la operatividad de redes criminales que ponen en riesgo la seguridad y bienestar de nuestra sociedad, señala el Ministerio Público en la instancia con la solicitud de medida de coerción.
Como resultado de las investigaciones y evidencias presentadas, el Ministerio Público, representado en audiencia por el fiscal Marcos Wilkins Díaz, estableció la vinculación de la mujer con los hechos que se les imputan.
La imputada enfrenta cargos por violación a la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, al artículo 309 del Código Penal Dominicano, así como a la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, en perjuicio del Estado dominicano.
Esta operación fue posible, gracias a un trabajo conjunto entre la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico llícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), la Fiscalía de Puerto Plata, la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), el Departamento Homeland Security Investigations (HSI) y la Policía Preventiva de Puerto Plata, con el apoyo de la ONG Anti-Trafficking Buereau (ATB).