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La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá este martes, a las 2:00 de la tarde, la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público contra una red criminal integrada por miembros de la Policía Nacional, acusada de sustraer más de 900,000 proyectiles de la institución.
El Ministerio Público, encabezado por Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), solicita prisión preventiva para los imputados y que el caso sea declarado complejo.
La solicitud, sustentada en un documento de 213 páginas y respaldada por 135 elementos de prueba, busca garantizar la detención de los involucrados mientras avanza la investigación.
Wilson Camacho calificó el caso como “extremadamente grave”, señalando que los hechos comprometen directamente la seguridad nacional y resaltan la necesidad de transparencia en el sistema judicial y de seguridad. “Este caso ocurrió dentro de la Policía Nacional, una institución que debe garantizar la seguridad ciudadana. Actuaremos con firmeza para esclarecer todos los detalles y llevar a los responsables ante la justicia”, afirmó.
Entre los principales imputados figuran altos mandos y oficiales de la Policía Nacional, como el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, el capitán Nelson Valdez y el auditor Víctor Manuel Santos, señalados como los principales responsables de la manipulación de auditorías y de la distribución ilícita de los proyectiles.
La llamada Operación Pandora, ejecutada en octubre, incluyó allanamientos en diversas provincias, como Santo Domingo, Santiago y Sánchez Ramírez. Más de 200 agentes policiales y 40 fiscales participaron en las acciones, logrando incautar armas, proyectiles, dispositivos electrónicos y pruebas digitales que confirman las actividades ilícitas de la red.
La jueza Fátima Veloz será la encargada de decidir sobre la medida de coerción, en una audiencia que ha generado gran interés público debido a la gravedad de las acusaciones y al impacto en la imagen de la Policía Nacional.
El órgano acusador continúa investigando el paradero de los proyectiles sustraídos, así como posibles implicaciones de otros individuos y empresas. “El caso no termina aquí. Seguiremos trabajando para garantizar que la justicia se imponga y que este tipo de crímenes no queden impunes”, concluyó Camacho.