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A los oficiales de la Policía Nacional señalados en Operación Pandora se les atribuye de alterar armas de fuego y según la solicitud de medida de coerción especificó que las municiones de distintos calibres, incluyendo para fusiles, los policías y civiles que integraban el grupo, las revendían "a precios más altos a policías, militares y armerías destinadas al comercio de armas, municiones y accesorios", así lo informó el Ministerio Público.
Según la solicitud de medida de coerción, los encartados, entre los que se encuentran el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, encargado de la custodia de las armas y municiones de la institución llamada a establecer el orden, "desarrollaron un mercado propio del crimen organizado" que incluía a "civiles con antecedentes delictivos".
El Ministerio Público dice en la solicitud de medida de coerción que las municiones de distintos calibres, incluyendo para fusiles, los policías y civiles que integraban el grupo, las revendían "a precios más altos a policías, militares y armerías destinadas al comercio de armas, municiones y accesorios".
"Desarrollaron un mercado propio del crimen organizado, conformado por miembros de la Policía Nacional y civiles con antecedes delictivos, quienes adquirieron las municiones sustraídas con pleno conocimiento de su origen ilícito para revenderlas a precios más altos a policías, militares y armerías destinadas al comercio de armas, municiones y accesorios" Ministerio PúblicoDocumento de solicitud de medida de coerción“
La imputación refiere que los oficiales de mayor rango de la red trataron de inculpar a miembros de menor jerarquía dentro de la organización, a los que amenazaron e intimidaron.
Los arrestados por sustraer más de 900 mil municiones de distintos calibres de manera "dolosa" , del Departamento II de la Intendencia de Armas, son, además del coronel Feliz Romero, el subintendente Juan Miguel Pérez Soler, el capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos; el capitán y auditor Víctor Manuel Santos, quien habría alterado los resultados de una auditoría realizada en febrero para ocultar la sustracción de cientos de municiones.
Asimismo, el segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio, armero de la Dirección Regional Cibao Central; el sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat, el cabo Juan Luis Díaz Medina, los rasos Rubiel Martínez (alias Escobar) y Moreibin Medina Pérez, así como la imputada Miguelina Bello Segura, quienes fungían como piezas clave en la parte operativa de la organización criminal.
El Ministerio Público subrayó que el capitán Santos llevaba más de seis años como auditor en la Intendencia de Armas y que, además de falsificar datos en la auditoría de febrero, se asoció con los líderes de la red para intentar manipular de nuevo los números ante el avance de la investigación, acción que fue rápidamente detectada por los investigadores.