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Con el objetivo de prevenir que la crisis social que se vive en Haití se traslade al territorio dominicano, dos diputados presentaron el lunes un anteproyecto de ley que sugiere medidas como restringir el alquiler de viviendas a haitianos, limitar su acceso a empleos y condicionar la compra de terrenos e inmuebles en el país.
El anteproyecto fue presentado por el exministro Pelegrín Castillo y será apoyado por los diputados Elías Wessin Chávez, del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), y Eugenio Cedeño, del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
El artículo cuatro de la propuesta establece que los propietarios de viviendas deberán solicitar documentos de identidad y estatus migratorio a los extranjeros antes de alquilar sus propiedades. Si los documentos son válidos, los propietarios deberán registrarlos en el contrato de arrendamiento y reportarlos a la Dirección General de Migración.
Otro artículo del anteproyecto estipula que antes de vender algún inmueble o terreno a haitianos, el Poder Ejecutivo deberá revisar y autorizar la solicitud correspondiente.
Además, se establece que cada año, el Gobierno informará al Congreso sobre las solicitudes y las autorizaciones vigentes.
En lo que respecta a los empleos, la propuesta busca que ciertas áreas laborales estén reservadas exclusivamente para los dominicanos. Los puestos reservados incluirían guardianes de edificios, cargos de seguridad, guías turísticos, jardineros, conductores o auxiliares de vehículos, así como puestos en el gobierno central y las alcaldías.
Alojamiento
Otro aspecto escrito en el anteproyecto para “proteger al país” de la crisis social haitiana se registra en el artículo cuatro, y ordena a cualquier dominicano propietario de viviendas a exigir los documentos de identidad y la garantía de legalidad migratoria de los haitianos antes de rentarle alguna propiedad.
“Los extranjeros en situación migratoria regular que alojen a otros extranjeros ilegales perderán su condición migratoria y serán deportados”, reza el artículo, que también mandaría a la Dirección General de Migración a llevar el control de los haitianos que viven alquilados.
El anteproyecto busca cumplir con un pacto encabezado por el presidente Luis Abinader el 27 de febrero del 2023.
El convenio se firmó en octubre de ese mismo año.
Los daños en la frontera
Otro artículo de la pieza establece que cualquier extranjero que cause daños, heridas, fracturas o perforaciones al personal que labora en la frontera se castigará con penas carcelarias que van desde los tres hasta los 10 años de prisión.
Estas penas serían aplicadas sin perjuicio de las consecuencias que correspondan por el delito de terrorismo. Las mismas penas se aplicarán a quienes hagan túneles.