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Envían a prisión a un hombre por el robo de cables eléctricos en San Cristóbal

El tribunal precisó que el Ministerio Público presentó elementos de prueba que han sido examinados conforme con las reglas lógicas, los conocimientos científicos y la máxima experiencia, con el único objeto de determinar la procedencia de la imposición de la medida de coerción, según lo previsto por el Código Procesal Penal.

Lenissa Flores
Lenissa Flores
1 diciembre, 2024 - 11:28 AM
3 minutos de lectura
Prisión a hombre
San Cristóbal
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La Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur) informó este domingo que la Oficina de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal dictó tres meses de prisión preventiva contra un hombre sorprendido en flagrante delito al sustraer cableado del tendido eléctrico en el municipio de Nigua.

La jueza Kenty Nuesí ordenó el ingreso del imputado, Franklin Cuevas, al Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo-Hombres, tras aceptar una solicitud de medida de coerción de prisión preventiva presentada por los procuradores fiscales Leónidas Díaz Turbí y Juana Francisca Montás, según detalla un comunicado.

Los representantes del Ministerio Público expusieron ante el tribunal que el 20 de noviembre, a las 10:30 de la noche, el imputado fue arrestado en flagrante delito en la calle Principal Las Costas Piedra Blanca, en el municipio de Nigua, donde se le encontraron varios rollos de alambres primarios de aluminio de color negro que cargaba sobre sus hombros.

“Sentado lo anterior, este tribunal concluye que procede imponer la prisión preventiva para asegurar el proceso, según lo dispuesto en el artículo 226 del Código Procesal Penal, numeral 7, por ser la única medida que asegura la presencia del imputado y la integridad de la prueba, así se hará constar en la parte dispositiva de la presente decisión”, establece la Resolución 01541-2024-SRES-01617.

El tribunal precisó que el Ministerio Público presentó elementos de prueba que han sido examinados conforme con las reglas lógicas, los conocimientos científicos y la máxima experiencia, con el único objeto de determinar la procedencia de la imposición de la medida de coerción, según lo previsto por el Código Procesal Penal.

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