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El estado de Indiana se alista para llevar a cabo su primera ejecución en más de 15 años, programada para este miércoles.
Joseph Corcoran, de 49 años, ha estado en el corredor de la muerte desde 1999, tras ser condenado por asesinar a su hermano y a otras tres personas.
La ejecución de Corcoran marcaría el retorno de la pena capital en Indiana, después de un largo período de inactividad en cuanto a ejecuciones estatales.
En ese tiempo, se realizaron 13 ejecuciones, pero estas fueron ejecutadas por autoridades federales entre 2020 y 2021.
Corcoran está previsto para ser ejecutado en la Prisión Estatal de Indiana, ubicada en Michigan City, a unos 72 kilómetros de Chicago.
La reanudación de las ejecuciones en Indiana ha vuelto a atraer la atención sobre el caso de Corcoran y las preguntas sobre cómo el estado ha logrado conseguir un fármaco necesario en las inyecciones letales.
El 26 de julio de 1997, Corcoran, en ese entonces de 22 años, asesinó a balazos a su hermano James y a otros tres hombres: Douglas A. Stillwell y G. Bricker, ambos de 30 años, y Robert Scott Turner, de 32.
Según los registros judiciales, Joseph Corcoran estaba preocupado ya que tenía que mudarse de la casa que compartía con sus dos hermanos en Fort Wayne, Indiana, debido al próximo matrimonio de su hermana con Turner.
Se despertó al escuchar que su hermano y estaba hablando sobre él con otras tres personas en la planta baja, por lo que cargó su rifle y luego les disparó a los cuatro hombres, según los registros.
Mientras estaba en prisión, supuestamente alardeó de haberle disparado a sus padres en 1992. Fue acusado de sus asesinatos pero fue absuelto.
La hermana de Corcoran, Kelly Ernst, cuyo prometido y hermano fueron asesinados en el tiroteo de 1997, se negó a discutir sobre si cree que su hermano menor mató a sus padres.
Pero Ernst, quien vive en el noreste de Indiana, declaró que cree que debería abolirse la pena de muerte y que la ejecución de su hermano no resolverá ni cambiará nada. No tiene previsto asistir a su ejecución.
Ernst comentó que hace poco se comunicó con su hermano por primera vez en 10 años. Cree que es "bastante obvio" que padece de una grave enfermedad mental.
La última ejecución que realizaron las autoridades de Indiana fue la de Matthew Wrinkles, quien fue ejecutado en 2009 por matar a su esposa, su cuñado y su cuñada en 1994.
Las autoridades estatales dijeron que no podían continuar con las ejecuciones debido a que habían perdido acceso a una combinación de fármacos utilizados en las inyecciones letales. Durante varios años ha habido una escasez a nivel nacional debido a que las compañías farmacéuticas —particularmente en Europa, donde la oposición a la pena capital es más fuerte— se han negado a vender sus productos para ese propósito.
Esto ha provocado que los estados se vean obligados a recurrir a farmacias de compuestos, que fabrican medicamentos específicamente para un cliente. Algunos estados han optado por medicamentos más accesibles, como los sedantes pentobarbital o midazolam, ambos de los cuales, según los críticos, pueden causar un dolor insoportable.
Indiana ha seguido ese ejemplo y planea usar pentobarbital en la ejecución de Corcoran.
El gobierno federal también utilizó pentobarbital en las 13 ejecuciones federales realizadas en los últimos seis meses del primer mandato del entonces presidente Donald Trump.
Muchos estados, incluido Indiana, se niegan a revelar de dónde obtienen los fármacos. Cuando se le preguntó cómo se obtuvo el pentobarbital que se planea utilizar en la ejecución de Corcoran, el Departamento de Corrección de Indiana remitió a The Associated Press a una ley estatal que le otorga confidencialidad a la fuente de los medicamentos para una inyección letal.
El gobernador Eric Holcomb anunció en junio pasado que el estado había adquirido pentobarbital y le solicitó a la Corte Suprema de Indiana que estableciera una fecha para la ejecución de Corcoran, la cual se fijó para el 18 de diciembre.
La ley estatal establece los detalles de la fecha y el proceso. También limita el número de personas involucradas en una ejecución, protege sus identidades y especifica quién puede estar presente en la Prisión Estatal de Indiana para presenciar la pena capital.
Al momento de una ejecución, el código de Indiana establece que las únicas personas autorizadas para estar presentes son el alcaide de la prisión, aquellos seleccionados para ayudar en la ejecución, el médico de la prisión, un médico adicional, el asesor espiritual de la persona condenada y el capellán de la prisión.
Hasta cinco amigos o familiares de la persona ejecutada y hasta ocho familiares de las víctimas del crimen están autorizados a ver el proceso.
El Departamento de Correccionales de Indiana no respondió a múltiples consultas de la AP sobre si alguno de los empleados que participarán en la ejecución de Corcoran ha trabajado previamente en una ejecución estatal.
Indiana y Wyoming son los únicos estados que no permiten la presencia de la prensa en ejecuciones estatales, según un informe reciente del Centro de Información sobre la Pena de Muerte.
El informe destaca que "el acceso irrestricto de los medios de comunicación a las ejecuciones es fundamental ya que los medios observan lo que el público no puede. Por lo general, los estados prohíben que los ciudadanos asistan a las ejecuciones, por lo que los medios se convierten en una herramienta que brinda información relevante a la ciudadanía sobre los procesos con los que el gobierno aplica la ley y utiliza los fondos de los contribuyentes".
Corcoran había agotado sus apelaciones federales en 2016.
El 5 de diciembre, la Corte Suprema del estado rechazó la solicitud de los abogados de Corcoran para detener la ejecución. El tribunal también negó las peticiones para argumentar si es competente para ser ejecutado.
En una declaración jurada por escrito dirigida a los jueces, Corcoran dijo que ya no quería litigar su caso.
"Soy culpable del crimen del que fui condenado y acepto los hallazgos de todos los tribunales de apelación", escribió.
Sus abogados presentaron el miércoles una solicitud ante el tribunal federal del Norte de Indiana en la que pedían que la corte pusiera fin a su ejecución y celebrara una audiencia para decidir si el proceso sería inconstitucional ya que Corcoran sufre de una grave enfermedad mental.
Argumentaron que padece "esquizofrenia paranoide severa y prolongada" y su condición "se manifiesta con alucinaciones auditivas y delirios de que los guardias de la prisión lo torturan con una máquina de ultrasonido".
"De hecho, se ha ofrecido voluntariamente a ser ejecutado y no ve la hora de ser ejecutado, porque cree que su ejecución le dará pondrá fin al dolor que provocan sus delirios y alucinaciones", según la demanda.
Pero el tribunal de distrito se negó el viernes a intervenir, lo que llevó a los abogados defensores a presentar una apelación ante el la Corte Federal de Apelaciones del Séptimo Circuito.
También existe la posibilidad de que intervenga el gobernador saliente, Eric Holcomb, quien ha dicho que dejaría que el proceso legal "siga su curso".
Indiana Disability Rights, una organización defensora de los derechos de discapacidad, le pidió a Holcomb el 6 de diciembre que conmute la pena de muerte de Corcoran y en su lugar se le condene a cadena perpetua sin libertad condicional.
"Ejecutar a individuos que no pueden entender por completo sus circunstancias o las consecuencias de sus actos es una violación a los principios fundamentales de la dignidad humana y la equidad", dijo la carta.