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La Cámara de Diputados dio su aprobación este martes, en segunda lectura, a una serie de modificaciones a la Ley 138-11 de 2011, destinadas a establecer un nuevo método para seleccionar al procurador general de la República.
La iniciativa legislativa propone cambios significativos en la normativa que regula el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Según el proyecto, el CNM, presidido por el mandatario Luis Abinader, será responsable de elegir y evaluar periódicamente al procurador general o procuradora general.
Un modelo alineado con la nueva Constitución
El proyecto se adapta a las disposiciones de la Constitución promulgada en octubre, impulsada por el presidente Abinader. Esta nueva Carta Magna elimina la facultad del presidente de designar directamente al procurador. En su lugar, el jefe de Estado propondrá un candidato, cuya aprobación o rechazo recaerá en el CNM.
Además, el procurador, junto a un equipo de procuradores adjuntos, tendrá un período de inamovilidad de dos años. Transcurrido ese plazo, el CNM realizará una evaluación de su desempeño para determinar si será ratificado o sustituido.
Separación del Poder Ejecutivo
El objetivo principal de estas reformas es desvincular al presidente de una designación que históricamente ha sido responsabilidad del Poder Ejecutivo, promoviendo así una mayor independencia en la gestión de la justicia.
Cambios en la composición del CNM
La modificación también introduce un ajuste en la estructura del CNM, que ya no incluirá al procurador general como miembro. En su lugar, se integrará el presidente del Tribunal Constitucional, fortaleciendo el carácter institucional del organismo.
El CNM mantiene sus atribuciones de evaluar a los procuradores adjuntos, designar a los jueces del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral, así como llevar a cabo evaluaciones periódicas de estas autoridades.
Situación actual y próximos pasos
La procuradora general, Miriam Germán Brito, ha expresado su disposición a dejar el cargo desde agosto, pero se ha mantenido en funciones a la espera de la aprobación de esta nueva legislación.
Tras haber sido aprobado en el Senado, el proyecto pasará ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación y posterior implementación. Este cambio forma parte de un conjunto de leyes que la nueva Constitución exige que el Congreso adopte.