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El País/España.- España se ha unido este jueves a Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Canadá como uno de los primeros países del mundo que regulan la eutanasia. El Congreso de los Diputados, con 202 votos a favor, 141 en contra y dos abstenciones, aprobó la ley promovida por el PSOE, que entrará en vigor dentro de tres meses. Para solicitarla, el afectado debe “sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante” que le cause un “sufrimiento intolerable”. Aunque se ha eliminado del título de la ley, la norma regula tanto la eutanasia propiamente dicha —”administración directa al paciente de una sustancia por parte del profesional sanitario competente”—, como el suicidio médicamente asistido —”la prescripción o suministro al paciente por parte del profesional sanitario de una sustancia, de manera que este se la pueda auto administrar, para causar su propia muerte”—.
Con la aprobación de la norma, España se incorpora a un escueto grupo de países en los que la eutanasia está regulada. En Portugal, el Constitucional se ha opuesto a la ley, mientras que en Colombia la práctica es legal, según una sentencia del Tribunal Constitucional, pero no está reglamentada. En Nueva Zelanda está previsto que la ley entre en vigor en noviembre. En partes de EE UU y Australia la práctica también está permitida.
A diferencia de las otras leyes europeas, en las que la decisión la toma el médico consultando a otros dos, la ley española establece una serie de pasos (médico de referencia, otro profesional y un equipo nombrado por una comisión autonómica) que pueden demorar el proceso desde que el enfermo lo solicita más de 40 días. El trámite empieza con la petición del afectado, que debe ser manifestada por escrito dos veces en 15 días. En cada uno de ellos, deberá ser informado por su médico de qué alternativas tiene, especialmente en lo que se refiere a la posibilidad de recibir cuidados paliativos o ayudas a la ley de dependencia. Es uno de los mecanismos previstos para evitar que la decisión se tome a la ligera, sin información o a la desesperada. Además, debe quedar claro que la decisión no es “el resultado de ninguna presión externa”.
A partir de la segunda demanda, el médico del paciente debe trasladar la petición a la comisión autonómica correspondiente, que determinará qué dos profesionales, ajenos al caso, examinarán la petición. Posteriormente, la comisión aprobará o rechazará la decisión de esos dos especialistas. La ley no fija la composición de esta comisión, que determinará cada comunidad autónoma, salvo que deberá constar de, al menos, siete personas, con especialistas médicos, jurídicos y en enfermería. Esta comisión deberá responder a la solicitud en 19 días. Por eso la ponente de la norma, la ex ministra de Sanidad con el PSOE María Luisa Carcedo, afirma que es una ley “extremadamente garantista”, porque hay que “extender la expresión de ‘bueno, por lo menos no sufrió’ que se aplica con alivio a quien muere de infarto, por ejemplo, a todas las enfermedades”.
Sin embargo, este es uno de los puntos clave de las críticas de PP, UPN y Vox, que afirman que de aprobarse una ley de paliativos no haría falta la de eutanasia. Para el portavoz popular, José Ignacio Echániz, “la eutanasia no se solicita desde la autonomía, sino desde la dependencia y la fragilidad”, y cuando son tratadas, “el deseo de morir desaparece”. A lo que Joseba Agirretxea (PNV) le ha contestado que “no trate de engañar a la sociedad”, en alusión al hecho de que regular la eutanasia no es incompatible con los cuidados paliativos. Echániz también ha afirmado que la ley no tiene apoyo social. Pero todas las encuestas —incluidas las dirigidas a médicos y enfermeras— muestran un respaldo mayoritario, ha dicho Sara Giménez, de Ciudadanos. La última de Metroscopia, de 2019, del 87%.
Avance
El debate ha transcurrido por las Cámaras con PP, UPN y Vox pidiendo una ley de paliativos que ninguno ha presentado, y afirmando que con esta norma se legaliza el asesinato de los más débiles. Lourdes Méndez, de Vox, ha manifestado que la ley implanta “la cultura del descarte y de la muerte·”. Y el resto, apoyando el texto sobre la base de que el derecho a una vida digna debe ir ligado al de tener una muerte digna. Por ejemplo, Sara Giménez, de Ciudadanos, ha afirmado que se trata de “una ley que supone un avance muy importante en el derecho a decidir de los que sufren”. “Soy dueña de mi vida, pero también de mi muerte”, ha empezado su discurso Carolina Telechea (ERC). “Morir es inevitable. Morir mal debe dejar de serlo”, ha añadido. Vox ha anunciado que va a recurrir la norma ante el Constitucional, y advirtió que si llega al poder la derogará.
La norma ha recibido el rechazo de la Organización Médica Colegial, que avisa de que va a vigilar cómo se regula la objeción de conciencia de los profesionales y afirma que la eutanasia no es un acto médico, aunque la ley prevé que sea un derecho convertido en una prestación del sistema de salud. También el Comité de Bioética de España ha rechazado que se considere un derecho. El presidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), Javier Velasco, ha manifestado este jueves que la ley «ahorrará mucho sufrimiento a muchas personas. Se pedirán pocas eutanasias, pero la ley beneficiará a toda la sociedad». En los países donde la eutanasia es legal su práctica supone entre el 1% y el 4% del total de fallecimientos anuales.
Carcedo ha resaltado el papel de los familiares de personas como María José Carrasco, Maribel Tellaetxe o Luis de Marcos, que hicieron pública su intimidad para pedir que se aprobara la eutanasia. De hecho, en su discurso se ha ido valiendo de frases de personas que han pedido la eutanasias para ellos o sus familiares. “En este país contraer una enfermedad terminal degenerativa al parecer es delito. La condena que te imponen es un final cruel y doloroso desprovisto de toda integridad y dignidad”, comenzó citando a un hijo de Maribel Tellaetexe, la mujer que pidió que la ayudaran a morir cuando su alzhéimer estuviera avanzado.
La ley “me da tranquilidad, quiero una bala en la recámara”, ha recogido de Rafa, un hombre con tetraplejia.
Del pionero en esta reivindicación, el también tetrapléjico Ramón Sampedro, ha tomado la siguiente: “La muerte deseada para librarse del dolor es un bien”.
Con la aprobación de la norma, España se incorpora a un escueto grupo de países en los que la eutanasia está regulada. En Portugal, el Constitucional se ha opuesto a la ley, mientras que en Colombia la práctica es legal, según una sentencia del Tribunal Constitucional, pero no está reglamentada. En Nueva Zelanda está previsto que la ley entre en vigor en noviembre. En partes de Estados Unidos y Australia la práctica también está permitida.
A diferencia de las otras leyes vigentes, la española, mucho más garantista, establece una serie de pasos que pueden demorar el proceso, desde que el enfermo lo solicite, más de un mes. Este empieza por la petición del afectado, que debe ser manifestada por escrito dos veces en 15 días. En esta solicitud debe quedar claro que la decisión no es “el resultado de ninguna presión externa”. Además, para asegurarse de la clara voluntad del solicitante, este debe haber dispuesto por escrito “de la información que exista sobre su proceso médico, las diferentes alternativas y posibilidades de actuación, incluida la de acceder a cuidados paliativos integrales comprendidos en la cartera común de servicios y a las prestaciones a que tuviera derecho de conformidad a la normativa de atención a la dependencia”. Una vez iniciado el proceso, el afectado podrá cambiar su decisión en cualquier momento y, una vez reciba la autorización pertinente, retrasar su aplicación todo lo que quiera.
A partir de la segunda demanda, el médico del paciente debe trasladar la petición a la comisión autonómica correspondiente, que determinará qué dos profesionales, ajenos al caso, examinarán la petición. Posteriormente, la comisión aprobará o rechazará la decisión de esos dos especialistas. La ley no fija la composición de esta comisión, que determinará cada comunidad autónoma, salvo que deberá constar de al menos siete personas, con especialistas médicos, jurídicos y en enfermería. Esta comisión deberá responder a la solicitud en 19 días.
La norma ha sido promovida por el Grupo Socialista, pero ha contado con un fuerte impulso de familiares de personas que han pedido ayuda para morir, agrupadas por la plataforma Change.org, que hace algo más de un año presentaron un millón de firmas a favor de la iniciativa: las familias de Maribel Tellaetxe, que había pedido a su marido y a sus hijos que la ayudaran a morir cuando el alzhéimer le borrara sus nombres; de María José Carrasco, la mujer con esclerosis múltiple avanzada cuyo marido está procesado por facilitarle un medicamento para suicidarse o, entre otras, Asun Gómez, pareja de Luis de Marco, quien murió tras más de un mes de agonía hasta que consiguió una sedación terminal. “Hoy me iré a la cama habiendo dejado una mochila”, ha dicho antes de la sesión Danel Lorente, hijo de Maribel, concentrado frente a la escalinata del Congreso. “Es una emoción y un alivio”, ha añadido su hermano David. “Amatxu no pudo disfrutar de este derecho”.
“He tenido que oír que me llamaran asesina, pero esta lucha también es una forma de amor”, ha afirmado Asun Gómez. “El 87% de los ciudadanos apoyan la eutanasia, y eso sin contar que haya quien lo haga sin atreverse a decirlo”, ha insistido, en referencia a encuestas como las de Metroscopia, que confirman un apoyo creciente y sostenido a la medida.
Los afectados no han podido seguir el debate desde la tribuna de invitados por las medidas de seguridad frente a la covid. El debate ha transcurrido por las Cámaras con PP, UPN y Vox pidiendo una ley de paliativos que ninguno ha presentado, y afirmando que con esta norma se legaliza el asesinato. Y el resto, apoyando con matices el texto sobre la base de que el derecho a una vida digna debe ir ligado al de tener una muerte digna. Vox ya ha anunciado que va a recurrir la norma ante el Constitucional, y ha advertido de que si llega al poder la derogaría.
La norma ha recibido el rechazo de la Organización Médica Colegial, que avisa de que va a vigilar cómo se regula la objeción de conciencia de los profesionales y afirma que la eutanasia no es un acto médico, aunque la ley prevé que sea un derecho convertido en una prestación del sistema de salud. También el Comité de Bioética de España ha rechazado que se considere un derecho.
Los partidarios de la ley tampoco creen que su trabajo haya terminado. Asun Gómez ha manifestado su temor a que las comisiones autonómicas tengan sesgos que hagan que en unos lugares sea más fácil recibir la ayuda solicitada que en otros. Ángel Hernández, el marido de María José Carrasco, a la que ayudó a morir, apunta en la misma dirección: ”Ahora nos queda su implementación”, avisa.
El presidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), Javier Velasco, ha dicho que la ley «ahorrará mucho sufrimiento a muchas personas. Se pedirán pocas eutanasias, pero la ley beneficiará a toda la sociedad». En los países donde la eutanasia es legal, informa DMD, su práctica supone entre el 1% y el 4% del total de fallecimientos anuales. “En un año normal (sin pandemia) en España fallecen algo más de 420.000 personas, por lo que es razonable estimar que entre 4.000 y 17.000 personas decidan adelantar su muerte cada año una vez la ley esté asentada. La experiencia internacional sugiere que las cifras serán más reducidas al principio e irán en aumento según crezca el conocimiento sobre la ley entre la ciudadanía, los profesionales sanitarios y las propias administraciones”.