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Santo Domingo.- La Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) y la Federación Dominicana de Distritos Municipales (Fedodim) solicitaron al Tribunal Superior Administrativo (TSA) la eliminación de una resolución emanada en el anterior Gobierno, la cual fija el salario mínimo cotizable en RD$10 mil pesos para todos servidores públicos, incluidos los gobiernos locales.
El presidente de Fedomu y alcalde del Ayuntamiento del municipio de La Vega, Kelvin Cruz, y el director ejecutivo de Fedodim, Pedro Richardon, expresaron que es inaceptable poner en vigencia una resolución que desde la publicación del decreto que emitió el Gobierno pasado nunca se había aplicado, manteniendo una prórroga por un tiempo de un año y medio hasta el término de la pasada gestión gubernamental y que ahora el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) quiera ejecutar dicha resolución cuando apenas inicia esta nueva gestión de Gobierno y más aún que en tiempos de pandemia hayan dejado fuera de la cobertura de la seguridad social unos 150 mil empleados municipales, violándoles un derecho que por ley les asiste.
Cruz y Richardon señalaron que luego de agotar un proceso de diálogo y sensibilización ante el CNSS para revertir esa situación de irregularidad y no obtener los resultados esperados se han visto en la necesidad de acudir a las vías legales “para que el TSA ordene al CNSS dejar sin efecto la resolución de marras que afecta a unos 150 mil servidores de los gobiernos locales”.
Con ese objetivo, los directivos de Fedomu, Fedodim y en compañía de decena de alcaldes y directores distritales de todo el país depositaron este lunes ante el TSA un recurso contencioso administrativo en el que solicitan que sea eliminada la resolución y también una medida cautelar para que la misma sea suspendida en su aplicación hasta que el tribunal conozca y se pronuncie sobre la demanda principal.
A la salida del TSA, el presidente de Fedomu declaró que el inconveniente obedece a que los gobiernos locales no fueron incluidos por el pasado gobierno con la partida presupuestaria necesaria para cumplir con el aumento decretado el 1 de abril del 2019 el cuál elevó el salario mínimo del sector público de 5,177 pesos a 10 mil pesos, generando una duplicación de la factura a pagar por concepto de la seguridad social a los gobiernos locales.
Además de Cruz y Richardson también participaron el presidente de Fedodim, Ramón Santos; Ángel Valentín Mercedes, director ejecutivo de Fedomu, y varios alcaldes.