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Santo Domingo, (EFE).– El ex procurador general de la República Jean Alain Rodríguez fue enviado este martes a prisión preventiva por 18 meses por su presunta implicación en un entramado de corrupción que supuestamente se produjo mientras él dirigía ese organismo.
Junto a Rodríguez fueron enviados al Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Hombres, en San Cristóbal, los exfuncionarios de la Procuraduría Alfredo Alexander Solano Augusto, Javier Alejandro Forteza Ibarra y Jonnathan Josel Rodríguez Imbert, afirmó la procuradora adjunta, Yeny Berenice Reynoso.
La decisión la tomó la jueza Kenya Romero, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien también dispuso el arresto domiciliario de Rafael Antonio Mercede Marte, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado.
Al también imputado Miguel José Moya se le impuso una fianza de 1 millón de pesos, a través de una compañía aseguradora, además de impedimento de salida del país. La jueza también declaró el caso complejo.
"El Ministerio Público valora la decisión de la jueza, ya que la magistrada acogió las pruebas que presentamos y entendió que los imputados enviados a prisión presentan peligro de fuga y peligro para la destrucción de pruebas", agregó Reynoso a medios de prensa a la salida del tribunal.
Agregó que el Ministerio Público ha sido coherente en la presentación del expediente y dijo que agradecía a "todas aquellas personas" que han contribuido al fortalecimiento de la investigación con el suministro de "información relevante".
El grupo está acusado de supuestamente conformar una red criminal que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6,000 millones de pesos.
El ex procurador Rodríguez no quiso dirigirse a los medios de comunicación tras salir de la audiencia, tal y como lo hizo durante los tres días que duró el proceso.
Las acusaciones presentadas contra el exfuncionario y varios de sus colaboradores establecen que supuestamente eliminaron cientos de evidencias de los presuntos delitos que cometieron.
El Ministerio Público también los acusa de presuntamente desviar fondos a través de bienes incautados y decomisados, sobrevaluaciones para la compra de instrumentos, adulteración y formateo de data de información de departamentos administrativos y de utilizar fondos de la Procuraduría para un movimiento de apoyo al Partido de la Liberación Dominicana (PLD).