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Santo Domingo.- El Departamento de Estado de los Estados Unidos recoge en su informe de inversión extranjera sobre República Dominicana las quejas de inversionistas que señalan al país como un destino que tiene acusaciones de corrupción generalizada con solicitudes de sobornos.
Los inversionistas manifiestan retrasos en los pagos del Gobierno, aplicación deficiente de los derechos de propiedad intelectual, obstáculos burocráticos, procesos judiciales y administrativos lentos, a veces sesgados, procedimientos atípicos en la valoración en aduanas y en la clasificación de las importaciones.
El documento detalla que el público percibe que la toma de decisiones administrativas y judiciales es inconsistente, opaca y requiere demasiado tiempo. La corrupción y la implementación deficiente de las leyes existentes se discuten ampliamente como reclamos clave de los inversores.
Explica además que Las empresas estadounidenses que operan en la República Dominicana a menudo necesitan tomar amplias medidas para garantizar el cumplimiento de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.
Muchas empresas e inversionistas estadounidenses han expresado su preocupación de que la corrupción en el gobierno, incluido el poder judicial, continúe limitando las inversiones exitosas en la República Dominicana.
Aquí el resumen ejecutivo del informe
La Inversión Extranjera Directa (IED) juega un papel importante para la economía dominicana, y la República Dominicana es uno de los principales receptores de IED en el Caribe y Centroamérica.
El gobierno busca activamente la IED con generosas exenciones fiscales y otros incentivos para atraer empresas al país. Históricamente, los sectores de turismo, inmobiliario, telecomunicaciones, zonas francas, minería y financiamiento son los principales receptores de IED.
En enero de 2020, el Gobierno anunció un plan especial de incentivos para promover inversiones de alta calidad en turismo e infraestructura en la región suroeste y, en febrero de 2020, aprobó una Ley de Asociación Público Privada para catalizar el crecimiento económico impulsado por el sector privado.
Además de los incentivos financieros, la membresía del país en el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica-República Dominicana (CAFTA-DR) es una de las mayores ventajas para los inversionistas extranjeros. Los observadores atribuyen al acuerdo el aumento de la competencia, el fortalecimiento del estado de derecho y la ampliación del acceso a productos de calidad en República Dominicana.
Estados Unidos sigue siendo el mayor inversor en República Dominicana. El CAFTA-DR incluye protecciones para los inversionistas extranjeros de los estados miembros, incluidos los mecanismos para la resolución de disputas.
A pesar de los impactos macroeconómicos negativos de la pandemia, los indicadores internacionales de competitividad y transparencia de la República Dominicana se mantuvieron estables.
Los inversionistas extranjeros informan de numerosos problemas sistémicos en la República Dominicana y citan la falta de reglas claras y estandarizadas para competir y la falta de aplicación de las reglas existentes.
Las quejas incluyen acusaciones de corrupción generalizada; solicitudes de sobornos; retrasos en los pagos del Gobierno; aplicación deficiente de los derechos de propiedad intelectual; obstáculos burocráticos; procesos judiciales y administrativos lentos y a veces sesgados localmente, y procedimientos atípicos en la valoración en aduana y la clasificación de las importaciones.
Las débiles leyes de tenencia de la tierra y las expropiaciones gubernamentales sin la debida compensación continúan siendo un problema. El público percibe que la toma de decisiones administrativas y judiciales es inconsistente, opaca y requiere demasiado tiempo. La corrupción y la implementación deficiente de las leyes existentes se discuten ampliamente como reclamos clave de los inversores.
Las empresas estadounidenses que operan en la República Dominicana a menudo necesitan tomar amplias medidas para garantizar el cumplimiento de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Muchas empresas e inversionistas estadounidenses han expresado su preocupación de que la corrupción en el Gobierno, incluido el Poder Judicial, continúe limitando las inversiones exitosas en la República Dominicana.
En agosto de 2020, el presidente Luis Abinader se convirtió en el 54 Presidente de la República Dominicana, presidiendo el primer cambio de poder en 16 años. Al asumir el cargo con promesas audaces de frenar la corrupción, el Gobierno arrestó rápidamente a una gran cantidad de funcionarios de alto nivel de la administración anterior implicados en la corrupción, personas que bajo gobiernos anteriores se habrían considerado intocables.
Queda por ver si Abinader cumplirá compromisos más complejos, como reformas institucionales para promover la transparencia o una reforma del sector eléctrico que se retrasó durante mucho tiempo.
República Dominicana, un país de ingreso medio alto, se contrajo un 6.7% en 2020 y concluyó el año con un déficit de 7.7%, gracias a la pandemia. El FMI y el Banco Mundial proyectan un crecimiento para 2021 de 4.0 al 4.8%.