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Santo Domingo.- La Junta Central Electoral (JCE) presentó este miércoles a los representantes de partidos políticos y de la sociedad civil su propuesta de modificación de las leyes 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, y la Orgánica de Régimen Electoral 15-19.
El presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, indicó que las principales leyes que conforman el sistema electoral del país requieren de un proceso de actualización y adecuación a las nuevas realidades, que permita a los actores políticos y a los ciudadanos participar de los procesos democráticos en condiciones de equidad e igualdad.
Precisó que las propuestas impactan más de un centenar de artículos de ambas leyes, cuyo trabajo incluye, propuestas de modificación de artículos, exclusión e inclusión de textos.
Durante el acto realizado en el auditorio de la JCE, Jáquez Liranzo explicó que las modificaciones se enfocan hacían un nuevo esquema de paridad de género, fortalecer las juntas electorales, readecuación del calendario electoral, tópicos para garantizar el voto el exterior, readecuación el régimen sancionatorio, incorporación de nuevas regulaciones para la campaña y precampaña y reducción de los topes de gastos durante este tiempo.
Sobre los gastos, se plantea la disminución en precampaña de un 75% de los montos vigentes que la Ley permite gastar para cada una de las posiciones de elección popular; y los topes de gastos de campaña en un 65%, instituido en los artículos 42 de la Ley 33-18 y 204 de la Ley 15-19, Orgánica de Régimen Electoral, respectivamente.
Jáquez Liranzo precisó que conforme a esto, por ejemplo, el tope a nivel presidencial se reduce bastante. Actualmente se fijó para la precampaña 527 millones, con la propuesta sería de 131 millones; y en campaña ahora de 922 millones, con la modificación serían de 322 millones.
“Cuando los topes de gastos de campaña son tan altos, como los que actualmente existen en República Dominicana, su propósito es imposible de concretizar y la regulación se torna ineficiente. Además, se propone disminuir las contribuciones individuales hechas por particulares con el propósito de aportar a los precandidatos y precandidatas, candidatos y candidatas a los cargos de elección popular, para que en lugar de ser uno por ciento (1%), pase a ser cero punto cincuenta por ciento (0.50%) en dinero, especie o ambas”, indicó el presidente de la JCE.
Dijo que en cuanto al tema de la paridad, la propuesta establece una variación de la cuota de proporción de género que está acompañada de una modificación de las listas para que sean cerradas y bloqueadas (lo que se propone en el art. 266 de la Ley 15-19, en el nivel de regidurías y vocalías); establecer un orden de encabezamiento de manera que un 50% de las listas sean encabezadas por mujeres y el otro 50% por hombres, instituyendo de este modo, por primera vez, la paridad horizontal en estas candidaturas plurinominales; establecer a cargo de los partidos la obligación de destinar un porcentaje de su financiamiento público a la capacitación y promoción de candidaturas de mujeres.
Además, se propone elevar la Procuraduría Especializada de Delitos y Crímenes Electorales a Dirección de Investigación y Persecución de Delitos y Crímenes Electorales, adscrita a la Procuraría General de la República.
Asimismo, procuran la creación de la figura del Fiscal Electoral Provincial y del Distrito Nacional, designándose dos por cada provincia del país, estos, durante los años no electorales, ejercerán concomitantemente las funciones de fiscales electorales y las propias de su ministerio; sin embargo, durante los años electorales, los mismos se dedicarán exclusivamente a las funciones designadas por la presente ley.
Jáquez Liranzo indicó que estas y las demás propuestas de modificaciones ambas leyes están contenidas en un documento de 300 páginas y quedaron formalmente presentadas para que sean analizadas con detenimiento por las organizaciones políticas y toda la sociedad dominicana, para posteriormente depositarlas ante el Congreso Nacional, en el marco de esta segunda legislatura ordinaria para la ponderación de los congresistas.