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Santo Domingo.- El Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños, afirmó este lunes que la República Dominicana no es un narcoestado, pero que el tráfico de drogas si se ha convertido en un problema de Estado, ya que los casos más recientes del crimen organizado evidencia la compacidad de instituciones públicas.
Cuestionó la labor de los organismos de inteligencia, ya que la supuesta red del crimen organizado dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico, y que fue desmantelada en la denominada Operación Falcón, operó en el país por varios años.
Además dijo que avergüenza que la DEA (Administración de Control de Drogas de Estados Unidos) tenga que venir a República Dominicana para que operativos de este tipo se puedan realizar.
Servio Tulio Castaños se expresó en estos términos al hablar para el programa radial Rumbo de la Mañana, del Grupo RCC Media, donde explicó que estas estructuras penetran las instituciones del Estado y que el país debe comenzar a abordar el tema del narcotráfico desde su propia génesis, si no la situación actual será permanente.
Asimismo, ve con suspicacia que cada vez que se desmantela una red poderosa del narcotráfico en el país sus cabecillas o lo que son sindicados como jefes siempre logran escapar del país. Citó los casos de César Emilio Peralta "El Abusador" y Figueroa Agosto.
"De esto es que debemos estar hablando. Yo lo que veo es que esto lo estamos enfrentando sobre la base de lo que son las consecuencias y no las causas", agregó.
Advirtió que el país debe hacer un diagnóstico a lo interno de las instituciones del Estado, luego crear normativas para dar respuesta al problema y aprobar la ley de extinción de dominio, la cual es fundamental y clave para estos delitos.
"Muchos de esos capos, porque inclusive hubo uno que solicitó su extradición, y ese va a ir a los Estados Unidos a llegar a un acuerdo. Qué pasa, que cuando ellos negocian allá el Estado dominicano renuncia a la jurisdicción de todo lo que tiene que ver con la persecución. Entonces cuando esa persona cumple siete, ocho o 10 años allá viene aquí y le reclaman al Estado el producto de lo que fueron sus actividades ilícitas", precisó Servio Tulio Castaños.
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