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Fiscalía apelará decisión a favor de acusado de difundir información falsa en medios digitales 

RCC-ADMIN
30 noviembre, 2021 - 3:19 PM
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HERMANAS MIRABAL (República Dominicana). – La Fiscalía de la provincia Hermanas Mirabal apeló la decisión de un tribunal que dictó auto de no ha lugar a favor de un hombre acusado de publicar informaciones falsas sobre la crisis sanitaria del coronavirus, a través de plataformas digitales.

El Ministerio Público de esta demarcación informó que recurrió la decisión pronunciada por el Juzgado de la Instrucción, que ordena el cese de la resolución número 603-2021-SRES-00215, por considerar que es incoherente que la jueza que conoció el desarrollo del proceso en contra de Francisco Alberto Villanueva Pérez argumente que no existe tipo penal.

En su escrito recursivo ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, la Fiscalía sostuvo que la juzgadora realizó una errónea interpretación de las disposiciones legales.

En ese mismo contexto, el Ministerio Público refiere que aportó todos los elementos probatorios para sustentar la acusación en contra de Villanueva Pérez, en torno a un hecho que perturbó la paz pública de los ciudadanos que buscan informaciones veraces en plataformas digitales.

El órgano de la persecución penal establece que Villanueva Pérez violó el artículo 27 de la ley 6132, sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, así como el artículo 27 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

La Fiscalía de Hermanas Mirabal indicó que, en abril del pasado año, Villanueva Pérez publicó en sus portales digitales informaciones falsas sobre la muerte del destacado médico Félix Antonio Cruz Jiminián, además de publicar cifras incorrectas sobre los contagios de COVID-19, acciones que contribuyeron a generar pánico y confusión en la población mirabalense.

El fiscal titular, Edward Andrés Núñez Merette, llamó la atención sobre la práctica de utilizar los medios de comunicación para distorsionar los hechos que generan opinión pública, conducta sancionada por la legislación dominicana, por resultar perjudicial para la salud mental de las personas y afectar sus decisiones.

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