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La directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, pidió al Ministerio Público que las auditorías practicadas por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana en varias dependencias del Gobierno se extiendan a los funcionarios públicos que permitieron o autorizaron las presuntas acciones corruptas detectadas.
En una comunicación dirigida a la procuradora general de la República, Miriam Germán, Ortiz Bosch consideró que el país se encuentra ante la oportunidad histórica de construir un moderno y eficaz sistema de administración pública en el que los gestores de gobierno actúen convencidos de que el cumplimiento de los procedimientos y normas es la más efectiva herramienta contra la corrupción.
La ex vicepresidenta de la república se refiere específicamente a los informes de auditorías practicados por la Cámara de Cuentas (CCRD) a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, en cuanto a los procesos realizados de equipamiento de Hospitales con relación a La empresa Domedical Supply S.R.L.;[1] al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en cuanto al proceso de urgencia para la reparación y mantenimiento general de centros hospitalarios; y a la Policía Nacional, por la adjudicación, ejecución, despacho, fiscalización y libramientos de pago por concepto de suministro de combustible.
“Como es de su conocimiento, el articulo 6 numeral 29 del Decreto núm. 486-12 que crea la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental otorga a esta institución la función de dar seguimiento a aquellas auditorias de la Cámara de Cuentas que hayan sido sometidas al Ministerio Público, además de velar porque se implementen las recomendaciones en ellas establecidas”, expresa la directora de la DIGEIG en su comunicación a la titular del Ministerio Público.
Tras declararse convencida de la profesionalización, independencia y objetividad en los criterios de investigación en la actual gestión del Ministerio Público, Ortiz Bosch motiva su propuesta en la necesidad y oportunidad de fortalecer las mejores prácticas de administración pública en la República Dominicana.
“Es en esas atenciones que con el debido respeto a la investigación que pueda realizar o que esté realizando a las referidas auditorías, que nos permitimos solicitar que las mismas se extiendan a los servidores públicos que han permitido, violando los procedimientos establecidos, autorizar acciones corruptas que se tejieron en las instituciones objeto de los informes de las auditorías de referencia”, apunta en la misiva, dirigida con atención al director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), magistrado Wilson Camacho.
Al dar a conocer a los medios de prensa la comunicación enviada a la Procuraduría General de la República, la directora de la DIGEIG dice estimar que los montos envueltos en los tres señalados casos de corrupción, de acuerdo a los datos consignados en los informes de auditoría de la Cámara de Cuentas, fueron gastos irregulares que podrían haber acrecentado la deuda de la República Dominicana y violentado los controles presupuestarios sin cuidar la calidad del gasto, principio fundamental de la Administración Pública. Estima además que es necesario establecer la obligatoriedad y consecuencias del incumplimiento de estos procedimientos sin distinguir entre pasado y futuro.