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El Ministerio Público solicitó prisión preventiva y domiciliaria para 12 encartados del Caso Coral 5G, informó el procurador adjunto Wilson Camacho la noche de este lunes al concluir la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción.
“El Ministerio Público ha cerrado esta audiencia solicitando prisión preventiva para ocho de los doce imputados y hemos solicitado arresto domiciliario para cuatro que ante el tribunal han mostrado una conducta de aceptar los hechos”, dijo el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), al ofrecer detalles del proceso a periodistas que lo abordaron tras concluir la audiencia.
Ante cuestionamientos sobre alegatos de la defensa, explicó que lo único que están persiguiendo son los actos de corrupción y resaltó que en este proceso persiguen a personas que se les imputa haber sustraído dinero del erario, “dinero que pudo haber sido utilizado para los miembros de las Fuerzas Armadas que dignifican el uniforme”, al tiempo que dijo que la razón por las que están aquí es por los hechos que han cometido.
La jueza Kenya Romero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, se reservó el fallo para este martes 14 de diciembre, a las 5:00 de la tarde, tras una prolongada audiencia que se extendió por alrededor de doce horas.
La medida fue solicitada en contra de los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD), Julio Camilo de los Santos (FARD) y Boanerges Reyes Batista (ARD), así como del capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores (ARD), los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Miguel Ventura Pichardo (FARD) y el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez (FARD).
También, contra el teniente coronel Kelman Santana Martínez (ERD) y el mayor José Manuel Rosario Pirón (PN). Igualmente, la primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, César Félix Ramos Ovalle y Esmeralda Ortega Polanco.
En el caso del general De los Santos Viola, se conocerá en otra audiencia, cuando la Corte de Apelación del Distrito Nacional decida sobre una recusación a la jueza Romero.
El auto de solicitud de coerción incluye documentos de bancos, títulos de propiedad, bienes inmuebles que han sido decomisados y una serie de elementos probatorios.
El grupo de imputados de la Operación Coral 5G es custodiado por el sistema penitenciario en el Centro de Atención y Privación de Libertad Provisional (Caplip) del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
La red de corrupción desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos 4,500 millones de pesos, ha establecido el Ministerio Público durante la investigación.
En el proceso el Ministerio Público ha aportado casi 100 testigos y ha presentado más de 15 mil páginas de evidencias irrefutables contra involucrados en el caso.
Junto a la solicitud de medida de coerción el órgano del sistema de justicia depositó más de 700 pruebas que vinculan a los imputados al entramado de corrupción administrativa.
A los oficiales de cuerpos castrenses, incluyendo generales, se les ha ocupado hasta el momento unas 125 propiedades.
La Operación Coral 5G se ejecutó con 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega, en una acción sincronizada, dirigida por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, responsables de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca.
Estas nuevas acciones contra la corrupción administrativa se suman a las realizadas por la Operación Coral, por la que también desde mayo pasado cumplen prisión preventiva de 18 meses varios miembros de la Policía Nacional y organismos castrenses.