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Santo Domingo.- El director interino del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), César Cedeño, negó este viernes que en el país se maltrate o se obligue al trabajo forzoso, y a vivir en condiciones paupérrimas, a los obreros de la industria azucarera nacional.
El planteamiento del funcionario es en respuesta a la información de que 15 congresistas de Estados Unidos pidieron al gobierno del presidente Joe Biden que investigue las acusaciones de "trabajo forzoso" en la producción de caña de azúcar en República Dominicana para el consumo estadounidense, según una carta publicada ayer jueves.
Al ser entrevistado en el programa Rumbo de la Mañana, del Grupo RCC Media, Cedeño aclaró que en el país el sector azucarero está cumpliendo con lo que establece la ley en todo el sentido de la palabra y que lo denunciado por los miembros del Subcomité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, en alusión a señalamientos contenidos en los Papeles de Pandora, no se corresponde con la realidad actual.
"No hay dudas de que antes los bateyes no tenían las mejores condiciones, pero eso ha mejorado bastante y lo importante es que aquí se le da seguimiento a eso, a que se cumpla la ley que es lo más importante. Hay que ir a ver los bateyes de todos los ingenios", explicó.
Asimismo, indicó que este tipo de denuncias surgen cada cierto tiempo y que podría tratarse de malas informaciones, ya que es sabido de sectores que nunca están conformes con el trabajo de las autoridades.
Cedeño recalcó que en el sector cañero hay respeto por los ciudadanos y los trabajadores. Entienden además que si el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene que dar una respuesta a las autoridades estadounidenses sobre la denuncia en su momento lo hará.
Igualmente, resaltó que los ingenios azucareros invierten y dedican una cantidad de recursos en los bateyes para mejorar las viviendas de los braceros.
En los testimonios escritos y en video recogidos en estas investigaciones de los congresistas de Estados Unidos describen, según la carta, «salarios míseros, horas de trabajo excesivas, falta de seguridad o de equipo de protección, condiciones de vivienda espantosas con acceso limitado al agua y a la electricidad, negación de beneficios públicos como pensiones, seguridad social y atención médica».
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