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Van para los tribunales por rescindir contrato arbitrios SDE

RCC-ADMIN
27 mayo, 2020 - 1:57 PM
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Santo Domingo.- El abogado Rafael Martínez dijo que vence el primero de febrero de 2022 el contrato de la empresa Control Básico Municipal de Arbitrios (CBMA) con el ayuntamiento de Santo Domingo Este, que rescindió, por lo que acudirán al Tribunal Superior Administrativo (TSA).

Sostuvo que la decisión arbitraria del alcalde del PRM, Manuel Jiménez, atenta contra el estado de derecho que imperar en el país para garantizar las inversiones extranjeras y las nacionales.

Expresó en El Sol de la Mañana, de RCC Media, que el lunes una comisión encabezada por el nuevo consultor jurídoc y 20 policía municipales se presentaron en la empresa, la militarizaron, cerraron las calles y entregaron una comunicación, informando que a partir del momento el ayuntamiento de Santo Domingo Este tomaba el control de las propiedades municipales y rescindía el contrato.

Explicó que Control Básico Municipal es la empresa encargada de la recaudación de todos los fondos correspondientes a tasas y arbitrios municipales en Sango Domingo Este.

El abogado Rafael Martínez indicó que la empresa es de inversión dominicana y entre los socios figura Carlos Constanza.

Señaló que el contrato lo firmaron en 2013 y adjudicado por una licitación pública, con todos los requerimientos de la Ley de Compras y Contraciones Públicas.

El abogado Rafael Martínez dijo que no ha habido incumplimiento por parte de Control Básico Municipal de Arbitrios, y el ayuntamiento lo que alega es la no validez del contrato, que lo firmó el anterior alcalde Alfredo Martínez, del PLD.

“Y no quieren dar como bueno y válido dicho contrato. En la comunicación que se nos entregó en ninguna parte habla que la terminación fue por el incumplimiento, simplemente porque el contrato llegó a su término y tomaron el control de todas las operaciones”, explicó.

Manifestó que estaban haciendo un trabajo eficiente el porcentaje a Cabral dependía del cobro de impuestos directos e indirectos.

Especificó que el contrato comenzó con un 15% en el primera año, luego bajó a 14, a 13 hasta que llegó a un 10%.

Sostuvo que el contrato se adjudicó por una licitación pública que lo ganó la empresa Telpsa Internacional, que contrató por seis años y que luego se dio una cesión de derecho contraactuales a favor de la empresa Control Básico Municipal, que ocurrió en 2018.

“Eso contrato fue suscrito por ambas partes, fue validado por la Contraloría General de la República, y dicho contrato fue aprobado”, indicó.

Señaló que en 2018 se produce un adendum donde se extiende el período contraactual por tres años.

“Es decir que extendió es contrato, incialmete que rea de seis años del primero de febero de 2003 al primero de febrero de 2022. Contrato que fue registro, vuelvo y repito, en la Contraloría General de la República sin ninguna objeción al mismo. Por vía de consecuencia ese contrato es totalmente vinculante para el ayuntamiento de Santo Domingo Este”, expuso.

El abogado Rafael Martínez indicó en el contrato original se hicieron dos ordenanzas donde se aprobó la contratación del servicio, empero cuando se suscribió el contrato se estableció que el mismo puede ser modificado como lo establece la Ley de Contratación de Compras.

Sostuvo que esa legislación dispone que todo contrato con el Estado puede ser modificable, siempre y cuando no pase del 50% del período.

El representante de la empresa Control Básico Municipal de Arbitrios dijo que iniciarán una serie de acciones legales, entre ellas una medida cautelar ante el Tribunal Superior Administrativo para que suspenda el acto administrativo de manera provisional, hasta que se conozca el proceso de demanda donde declaran que dicho contrato es nulo.

“Porque el único que tiene la calidad y la capacidad para determinar que un contrato del Estado es nulo o no es, es el Tribunal Administrativo, no es el ayuntamiento”, adujo.

El abogado Rafael Martínez dijo que la decisión ha sido tomada en medio de un estado de emergencia por lo que no han podido accionar.

Agregó que también más de 40 familias se quedarán sin empleo en medio del estado de emergencia, que posiblemente se extiende nueva vez.

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