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Santo Domingo.- Un panel de expertos, organizado por la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren) y la Fundación Equidad y Justicia Social (Fejus) planteó que el derecho a un ambiente sano y la sanción al delito en la materia son un mandato de fuerza constitucional, lo que conmina al trabajo coordinado entre instituciones estatales y la sociedad.
El impacto del cambio climático en la calidad de vida, el amplio espectro de daños de los delitos ambientales y el ambiente sano como un derecho fundamental, protegido por la Carta Magna y los acuerdos internacionales, guiaron las exposiciones en la conferencia “Constitución y Medio Ambiente”, encabezada por el procurador de corte Francisco Contreras, titular de Proedemaren, y el reverendo Fidel Lorenzo Merán, presidente de Fejus.
“Entendemos que esta es una Constitución ecológica porque tiene las pautas a seguir para la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente y los procedimientos a seguir ante los infractores, a través de mecanismos judiciales”, sostuvo la viceministra de Cooperación Internacional del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Milagros De Camps.
En ese orden, el procurador general de corte Francisco Contreras, titular de Proedemaren, planteó que es responsabilidad del Estado garantizar el derecho a un ambiente sano, de forma coordinada entre sus diferentes instancias y las organizaciones sociales, para hacer frente a la explotación indiscriminada de los recursos naturales.
El presidente de Fejus planteó que las personas están llamadas a mostrar amor y respeto por el creador y por el prójimo y que la mejor manera de hacerlo es cuidando el medio ambiente. “Debe existir una congruencia entre lo que somos y lo que hacemos”, planteó Lorenzo Merán.
En su disertación, Cabral planteó que el constitucionalismo latinoamericano ha introducido nuevas perspectivas en materia medioambiental, como un cambio de modelo en el que la naturaleza deja de verse como un instrumento y pasa a ser un fin y un interés jurídico para proteger.
Las autoridades y expertos participantes coincidieron en la necesidad de prestar atención a leyes pendientes de aprobación, como la de Ordenamiento Territorial, la del Agua y la del Cambio Climático, que complementan la Ley 64-00, que traza el marco general.