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Santo Domingo, (EFE).- El presidente Luis Abinader decretó este domingo un plan de austeridad para recortar gastos del Poder Ejecutivo, que prohíbe la compra de vehículos y los viajes al exterior y que limita las remodelaciones o el uso de escoltas policiales y militares, entre otras medidas.
La disposición, que limita los gastos hasta el próximo 1 de enero, afecta únicamente al Poder Ejecutivo y a los organismos autónomos y descentralizados del Gobierno.
Entre las medidas aprobadas, destaca la prohibición de las compras de vehículos de motor durante todo el año, excepto cuando lo autorice el Ministerio Administrativo de la Presidencia.
Igualmente, se prohibió el uso de vehículos oficiales durante fines de semana y días feriados, con la excepción de organismos de seguridad y de salud.
Del mismo modo, se limitó las remodelaciones de alto costo de cualquier institución, a un máximo de 985,748.99 pesos por obra.
Asimismo, se prohibió los viajes al extranjero de servidores públicos, con la excepción de los ministerios de Exteriores y Turismo, que deberán rendir informes periódicos al respecto.
El decreto también ordenó a los Ministros de Defensa e Interior y Policía una profunda revisión del personal policial y militar a disposición de instituciones públicas y a servidores públicos y otros dignatarios para reducirlo a la cantidad estrictamente necesaria y para eficientizar su distribución.
Igualmente, prohibió el uso de flanqueadores motorizados en desplazamientos de los funcionarios, con las excepciones expresas del presidente y vicepresidenta, además de los responsables de organismos de seguridad.
En esa categoría se encuadran los ministros de Defensa e Interior y Policía, el director general de la Policía Nacional, la procuradora General de la República, así como los comandantes generales de los cuerpos castrenses, y los incumbentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI).
En el caso específico de la Policía Nacional se ordena la reducción de personal asignado a instituciones y funcionarios en al menos un 50 %, para que el resto sea dedicado a la implementación efectiva de la Estrategia Nacional Integral de Seguridad Ciudadana.
Del mismo modo, se vetaron las celebraciones, recepciones y fiestas, así como el alquiler de instalaciones privadas para la celebración de cualquier tipo de actividad, salvo talleres de formación.