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Santo Domingo.- Mediante el Decreto No. 782-22, el presidente Luis Abinader otorgó mil setecientas noventa y cuatro pensiones al sector salud por vejez y discapacidad.
El primer artículo establece una pensión especial del Estado dominicano por un monto de setenta y cinco mil pesos mensuales a 174 Gremialistas Meritorios del Sector Salud.
El segundo concede pensiones especial a 106 personas de la Asociación Nacional de Bioanalistas del IDSS-SNS.
El tercero, a 446 personas del Colegio Dominicano de Odontólogos y la Asociación Odontológica.
El cuarto, a 383 personas del Colegio Dominicano de Bioanalistas (CODOBIO).
El quinto concede una pensión especial a 103 personas dentro de la Federación Nacional de Mujeres Trabajadoras (FENAMUTRA) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SINATRASALUD).
El sexto, a 31 enfermeras de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD).
El séptimo concede el beneficio de una pensión especial del Estado dominicano a 469 personas del Colegio Dominicano de Profesionales de la Enfermería (CODOPENF).
Y por último, el octavo concede una pensión especial a 82 administrativos del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS).
El Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) dispuso este jueves el aumento de las pensiones por discapacidad permanente y sobrevivencia del Seguro de Riesgos Laborales (SRL), a partir de un monto mínimo de 8,000 pesos.
La resolución instruye al Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril), a proceder a actualizar y mejorar dichas pensiones, destacó el CNSS en un comunicado.
Esta medida tiene un «impacto positivo» en la calidad de vida de los pensionados, en la medida en que verán incrementada su capacidad de adquirir bienes y servicios.
El monto de la pensión por discapacidad total y parcial será revisado y actualizado cada tres años en tanto que la pensión por sobrevivencia cada cinco años.
La Comisión Permanente de Riesgos Laborales del CNSS propuso el aumento luego de evaluar todas las recomendaciones de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), que realizó estudios técnicos y legales.