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La adopción por parte del presidente de Haití, Jovenel Moïse de un decreto sobre el "fortalecimiento de la seguridad pública", así como otro donde crea la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y se otorga a los agentes de esta institución inmunidad cuasi legal, es objeto de severas críticas tanto en Haití como en el exterior.
Jovenel Moïse estableció una Agencia Nacional de Inteligencia y recibe críticas a lo interno y externo de Haití.
La adopción de tales decretos abre así la posibilidad de abusos, en tanto extiende la calificación de "acto terrorista" a ciertos hechos que no se encuadran en él y prevé penas muy severas de 30 a 50 años de prisión y establece la creación de una Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).
Para el Sector Democrático y Popular, una de las plataformas opositoras al Gobierno, los decretos firmados por el jefe de Estado tienen como objetivo instaurar una dictadura al estilo de François y Jean Claude Duvalier, quienes gobernaron el país de 1957 a 1986 con mano de hierro.
Fernando Duclair, integrante del sector, dijo que el decreto otorga plenos poderes a la agencia, entre ellos la represión, y es un mecanismo que permitirá al mandatario, Jovenel Moïse, tener el control de la nación, por lo cual criticó además, que la resolución exime de responder ante la justicia a los agentes en el ejercicio de su función y a operar de forma anónima.
Por su parte, el Colectivo 4 de diciembre denunció que la ANI permitirá a las autoridades legalizar la represión y desechar las demandas de la población, mientras agrava la situación del bandidaje y la multiplicación de actos violentos.
El sábado último, el Core Group ("Grupo central", integrado por embajadores de Alemania, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos de América, Francia, la Unión Europea, el Representante Especial de la Organización de Estados Americanos y la Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas) expresó, en un comunicado, su preocupación tras de los polémicos decretos.
El grupo de embajadores extranjeros señalan en su comunicado que estos "dos decretos presidenciales, adoptados en áreas que son competencia de un parlamento, no parecen ajustarse a ciertos principios fundamentales de la democracia, el Estado de derecho y los derechos civiles y políticos de los ciudadanos".
De acuerdo al comunicado de los embajadores "el Grupo Central también destaca, desde su visión, la importancia de "restablecer un parlamento elegido mediante la organización de elecciones parlamentarias lo antes posible, tan pronto como se cumplan las condiciones para una elección democrática".