x
La Política de Protección de Datos ha generado un importante debate en la clase periodístico debido al impacto que estas medidas podrían tener si se implementan, tal como ha ordenado el Poder Judicial.
La regla general establece que se omitirá cualquier información que pueda identificar a los imputados, víctimas, querellantes, testigos y auxiliares en las sentencias que se publiquen en el portal web de la institución o se entreguen a terceros. Incluso, los nombres de las partes involucradas en el proceso se reducirán a sus letras iniciales.
El presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), Persio Maldonado, advirtió que esta reserva de información podría generar restricciones que afectarían el derecho de los ciudadanos al libre acceso a la información pública.
“Esto produciría un choque con la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo”, afirmó, abogando por una legislación objetiva que delimite claramente estos aspectos.
Cónsono con la posición de Maldonado, se mostró Aurelio Henríquez, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP).
“Coincidimos que de aplicarse una política de cercenar o borrar datos relevantes en una sentencia, viola el derecho a informar que tienen los periodistas de ofrecer una información completa, verificada y contrastada”, subrayó.
El presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), José Beato, consideró que omitir el nombre de una persona condenada por un delito promueve la subjetividad y pone en peligro la objetividad y veracidad con la que deben ser reseñados los hechos noticiosos.
“No se puede borrar la memoria histórica de un proceso porque pierde el principio de la publicidad. Los juicios son públicos, orales y contradictorios, con esa política no hay forma de que un juicio pueda ser público”, expresó Beato.
“Los periodistas no podemos dar una información sin datos”, criticó.