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SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Gabinete de Asuntos Penitenciarios y la Procuraduría Regional de Santo Domingo hicieron entrega a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de un hombre que se encontraba detenido en la Penitenciaría Nacional de La Victoria sin que, hasta el momento, existan evidencias de que se le haya presentado ante un juez o de que exista un proceso penal abierto en su contra.
El ciudadano que estuvo privado de libertad fue entregado al presidente de la CNDH, Manuel María Mercedes, por los procuradores de corte de apelación Jonathan Baró Gutiérrez y Francisco A. Berroa Hiciano, coordinador del Gabinete de Asuntos Penitenciarios y titular de la Procuraduría Regional de Santo Domingo, respectivamente.
Baró Gutiérrez agradeció a la CNDH el interés en el caso del interno. Las autoridades tuvieron conocimiento del caso durante una de las jornadas médicas en las que aplicaron pruebas de laboratorios para identificar posibles casos de internos afectados por la COVID-19.
Manuel María Mercedes agradeció a la gestión de la magistrada Miriam Germán Brito y a todo el personal de la Procuraduría General.
“En primer lugar quiero agradecer a la honorable procuradora general de la República, a la Procuraduría con todos sus funcionarios, y sobre todo, muy especial al magistrado que coordina el Gabinete Penitenciario, porque en corto tiempo ha asumido una causa como la que nosotros hemos estado asumiendo desde el año 2003, que fue cuando dimos los primeros pasos sobre la base de que había que cambiar ese sistema penitenciario en República Dominicana”, dijo Mercedes.
Sostuvo que desde 2003 se registran avances, aunque “hay retrocesos, como todo en la vida”. “Pero de verdad que con lo que en estos momentos está sucediendo, podemos decir que es un día de gloria para el sistema penitenciario, para la libertad, que es el principal elemento fundamental”, dijo.
Reconoció que la directora de La Victoria, María Soriano, tiene grandes retos, pero que aseguró con el esfuerzo del Ministerio Público, la CNDH y la Defensoría del Pueblo se pueden superar.
El privado de libertad entregado a la CNDH, sin cédula de identidad y electoral, asegura que llevaba más de 10 años en La Victoria sin haber sido presentado ante un juez. Además, que, al momento de su detención, se desempeñaba como albañil en la provincia de Monte Plata, de donde es oriundo.
El hombre también argumentó que su apresamiento se produjo cuando acudió a la casa de un ingeniero a cobrarle por un trabajo realizado. Explica que el patrón llamó a la Policía y un sargento y un cabo se presentaron al lugar y se lo llevaron al destacamento de La Quinta Compañía, de Monte Plata, y, al día siguiente, lo trasladaron para La Victoria.
Durante las indagatorias, realizadas por Félix Castillo, procurador de Corte de Apelación, adscrito a la Procuraduría Regional de Santo Domingo, la Dirección General de Prisiones certificó al Gabinete Penitenciario que en sus archivos no había encontrado un expediente físico contra el interno. Lo mismo planteó la Fiscalía de Monte Plata.
El Gabinete Penitenciario espera otras informaciones de la Dirección de la Policía Nacional. Sin embargo, en su interés por respetar la integridad del interno, adelantó su entrega a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mediante un acto administrativo y de conformidad con lo estipulado en la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Al hacer la entrega del hombre a la CNDH, Baró Gutiérrez informó que el Gabinete de Asuntos Penitenciarios sigue investigando si existen otros privados de libertad en las mismas condiciones.
“Desde el Gabinete de Asuntos Penitenciarios mantenemos el interés, y seguiremos haciendo todos los esfuerzos necesarios, para que, si encontramos otro caso similar, proceder conforme a la responsabilidad que nos puso sobre los hombros el Consejo Superior del Ministerio Público al encomendarnos velar por el correcto desenvolvimiento de la vida penitenciaria”, sostuvo Baró Gutiérrez.
Recordó que hace unas semanas el Gabinete Penitenciario adoptó una serie de cambios en la dirección de varios centros de privación de libertad, para corregir distorsiones pasadas. Se espera que, de identificarse casos similares, los nuevos directores alerten sin demora para coordinar las indagatorias de lugar con las procuradurías regionales correspondientes.
Baró Gutiérrez ratificó el compromiso de las actuales autoridades penitenciarias de garantizar el estricto cumplimiento de la Constitución y las leyes, para que las personas solo puedan estar privadas de libertad bajo una orden emitida por autoridad judicial competente.