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El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) solicitó al Tribunal Superior Administrativo (TSA) la nulidad absoluta del decreto 282-23, mediante el cual se autorizó a la Dirección General de Pasaportes al uso de mecanismos para la emisión del pasaporte electrónico.
El presidente del CARD Miguel Surún Hernández, aseguró que la ordenanza presidencial viola las disposiciones del artículo 6 de la Ley 340-06, y del numeral 1 del artículo 3 del reglamento de aplicación de dicha ley, pues la contratación debe seguir el procedimiento de licitación internacional consagrado en la citada norma.
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"Se trata de una clara maniobra fraudulenta con el ánimo de beneficiar a empresas relacionadas a funcionarios palaciegos, mediante una contratación al margen de la ley 340-06, usando el sofisma de la reserva de información al público, para ocultar dicho proceso a la ciudadanía", declaró Surún Hernández al momento que indicó que esto se hace en franca violación a los más elementales principios de transparencia.
El gremialista explicó que lo preocupante es que tan solo el pasado mes febrero, el presente gobierno aprobó la privatización de la emisión de pasaportes electrónicos, mediante la resolución 04-2023, de la Dirección General de Alianzas Públicas y Privadas, lo que contrasta con la citada maniobra de declaratoria de seguridad Nacional.
Advirtió que lo que surja de dicho decreto, y el proceso que se genere como consecuencia del mismo, es nulo de pleno derecho por haber sido realizado sin cumplir las disposiciones de la Ley 340-06, porque la contratación en ningún caso es materia de secreto de Estado, sino de un proceso espurio para beneficiar a relacionados.