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La Cámara de Cuentas, a solicitud del Ministerio Público, presentó una auditoría que expone múltiples irregularidades en los contratos 361-2016, 558-2017 y 559-2017 del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en el marco del caso de supuesta corrupción conocido como operación Antipulpo.
La investigación indicó que dichos contratos, otorgados a la empresa General Supply Corporation, propiedad de Juan Alexis Medina Sánchez, fueron adjudicados sin procesos de selección ni autorización presidencial, además de carecer de registros en la Contraloría General de la República.
Estairy Pérez, supervisora de la auditoría de la Cámara de Cuentas, detalló durante el juicio de fondo que no se encontraron documentos que evidenciaran un proceso de selección adecuado ni la validación correspondiente para la adjudicación de los contratos.
"No obtuvimos evidencia de que se realizaran las pruebas de calidad al producto adquirido. El Estado podría haber recibido bienes de calidad inferior, lo que podría generar un deterioro inminente", declaró.
Asimismo, se constató que no se emitieron certificados de calidad ni ensayos de verificación de los insumos, lo que comprometía la transparencia y el control del cumplimiento contractual.