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Santo Domingo, RD. – En una entrevista realizada en el programa "Actualizando y Algo Más", del grupo RCC Media, la aspirante a diputada por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Claudia Rita, abogó este jueves por la aprobación de las tres causales del aborto en el nuevo Código Penal Dominicano. En este sentido, resaltó la importancia de abordar este tema sin dejarse influenciar por prejuicios religiosos.
La dirigente política también manifestó su compromiso como defensora de los derechos de las mujeres y del medio ambiente. En este contexto, expresó su preocupación sobre la demora en la aprobación del nuevo Código Penal Dominicano, argumentando que esta dilación ha tenido consecuencias perjudiciales para la sociedad dominicana.
Rita compartió su perspectiva sobre este asunto con vehemencia: "Es uno de los temas que debo continuar abordando (si gana la diputación); mientras tanto hay niñas muriéndose violadas o embarazadas en circunstancias de vulnerabilidad. Es un tema que tenemos que enfrentar como sociedad sin prejuicios religiosos", enfatizó.
La aspirante a diputada destacó la necesidad de tomar decisiones basadas en la ciencia y los derechos humanos. En este sentido, citó ejemplos de países que, a pesar de ser más devotos y conservadores en términos religiosos que la República Dominicana, han despenalizado el aborto bajo las circunstancias contempladas por las tres causales.
Claudia Rita abordó el delicado tema de la interrupción voluntaria del embarazo en situaciones de peligro para la vida de la madre, deformación congénita o enfermedad incompatible con la vida, y embarazos resultantes de incesto o violación. Resaltó que este asunto incluso toca la esfera de la crueldad.
Al abordar la cuestión ambiental, la dirigente peledeísta enfatizó la importancia de adherirse rigurosamente a todas las regulaciones relacionadas con la responsabilidad penal de quienes contribuyen a la emisión de plásticos en la República Dominicana.
Además, Claudia Rita propuso la implementación de una fiscalización por parte del Estado, con el propósito de tomar decisiones que no afecten negativamente a las instituciones públicas.