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Santo Domingo.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) intimó al Poder Ejecutivo a entregar el 4.10 por ciento del Presupuesto Nacional al sector justicia, como lo establece el artículo 3 de la Ley de Autonomía Presupuestaria 194-04.
La petición fue realizada por una comisión del gremio encabezada por su presidente, Miguel Surun Hernández, que entregó un recurso de intimación a la Dirección General de Presupuesto para que cumpla dicha Ley, otorgandole un plazo de 15 días para iniciar el proceso de asignación de dichos recursos en el proyecto de Presupuesto del 2022.
Surun Hernández calificó como insuficiente el presupuesto actual del Poder Judicial, alegando que no alcanza para cubrir las necesidades acumuladas por más de diez años de privaciones de dicho sector.
Agregó que “Con esos fondos no se podrán instalar los 94 tribunales que están aprobados por ley que no han podido ser puestos en funcionamiento por falta de recursos, tampoco podrán ser mejoradas las instalaciones actuales, las condiciones laborales de los jueces, fiscales, funcionarios judiciales, abogados; asimismo limitará la mejora del servicio que está recibiendo la ciudadanía en este momento".
El presidente del Card dijo que para mantener una justicia independiente, lograr una lucha contra la corrupción eficiente, para manejar temas delicados, se necesita a un personal de investigación y judicial especializado, bien pagados e incentivados, lo que no se ha podido lograr actualmente por falta de recursos económicos.
Recordó que el artículo 3 de la Ley 194-04, establece que “El Presupuesto del Poder Judicial y del Ministerio Público serán por lo menos un cuatro punto diez por ciento (4.10%) de los ingresos internos, incluyendo los ingresos adicionales y los recargos establecidos en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos, y se distribuyen de la manera siguiente: Un sesenta y cinco por ciento (65%) del cuatro punto diez (4.10%) corresponderá a la Suprema Corte de Justicia y un treinta y cinco por ciento (35%) del cuatro punto diez por ciento (4.10%).
El Colegio de Abogados consideró que las buenas intenciones de independencia de la Justicia deben comenzar con respetar la ley que garantiza la independencia financiera del Poder Judicial y del Ministerio Publico, por lo que advirtió que si en el plazo de 15 días no se obtempera a asignar las referidas partidas en el presupuesto del venidero año, procederá al sometimiento del Director de Presupuesto, del Poder Ejecutivo y del Congreso Nacional.