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Infobae-La Iglesia católica debe mejorar la gestión de las indemnizaciones a las víctimas de abusos sexuales por parte del clero, afirmó este martes la Comisión de Protección de Menores del Vaticano en su primer informe anual.
Durante décadas, la Iglesia se ha visto sacudida por escándalos en todo el mundo relacionados con sacerdotes pederastas y el encubrimiento de sus delitos, lo que ha dañado su credibilidad y le ha costado cientos de millones de dólares en indemnizaciones.
Según la comisión, la compensación va más allá del dinero e incluye “un espectro mucho más amplio de acciones… como el reconocimiento de los errores, las disculpas públicas y otras formas de verdadera cercanía fraternal a las víctimas/supervivientes”.
Prometiendo trabajar por la introducción de “procedimientos estandarizados y conocidos… de forma más exhaustiva”, afirmó que profundizaría en la cuestión de las reparaciones en su informe del próximo año.
El papa Francisco, que creó la comisión contra los abusos en 2013, se enfrentó a algunas de las críticas más duras sobre los abusos del clero durante una visita en septiembre a Bélgica, donde el rey y el primer ministro pidieron más ayuda para las víctimas.
Este mes, una cumbre vaticana de obispos de todo el mundo concluyó con un texto final en el que se pedía perdón varias veces por el dolor “indecible y continuo” que sufren los católicos abusados por el clero.
El informe del martes pedía una mayor transparencia, con un mayor acceso de las víctimas a los documentos que les conciernen, y afirmaba que las investigaciones y los juicios del Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano (DDF) eran demasiado lentos y secretos.
Durante las reuniones con las víctimas, “la falta de comunicación fue una queja permanente y constante”, declaró en rueda de prensa el obispo colombiano y secretario de la comisión, Luis Manuel Alí Herrera.
El chileno Juan Carlos Cruz, superviviente de abusos y miembro de la comisión, dijo que la falta de información era “una forma de retrauma para muchos supervivientes, que no tienen ni idea de dónde está su caso de abusos”.
Otras recomendaciones incluyen la creación de un Defensor del Pueblo Vaticano para las víctimas, garantizar un castigo más eficaz del clero infractor, y una invitación a Francisco para escribir una encíclica -la forma más alta de la enseñanza papal- sobre la protección de los niños.
Por otra parte, gracias a este informe anual, y a los que le seguirán, el Vaticano dispone por primera vez de una herramienta que le permitirá establecer una visión global de su política de lucha contra la violencia sexual. Con 17 conferencias episcopales revisadas cada año, el objetivo de estas “auditorías” es “examinar a la Iglesia en su conjunto durante un periodo de cinco a seis años”.
En el informe publicado este martes se revisa en detalle a las conferencias episcopales de países como México, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Bélgica o Camerún, entre otros. Asimismo, incluye el análisis de los institutos religiosos de las Hermanas Misioneras de la Consolata y la Congregación del Espíritu Santo.
Los autores del informe abogan asimismo por crear una “verdadera cultura” de protección de los menores y promueven una “solidaridad entre las conferencias episcopales”. Remarcan también la necesidad de fomentar esta cooperación especialmente en Hispanoamérica, Caribe, África y Asia. La comisión, asimismo, subraya la necesidad de que la Curia Romana se convierta en un referente para compartir las buenas prácticas en materia de protección. Así, insiste en que la falta de transparencia fomenta la “desconfianza entre los fieles”, especialmente de las víctimas.
La comisión antiabusos es la primera de este tipo en la Iglesia católica, pero los supervivientes de abusos la han acusado de ser ineficaz y varios de sus antiguos miembros la han abandonado con acritud.
La comisión, que incluye a sacerdotes, monjas, laicos y no católicos, se integró en el DDF en 2022 para aumentar su influencia, pero el informe subraya que sigue teniendo dificultades para hacerse oír.
Como parte de sus relaciones con las iglesias nacionales, dijo que había enviado una lista de 10 preguntas detalladas sobre cuestiones de protección de la infancia a todos los obispos mexicanos, pero sólo alrededor del 20% de ellos habían respondido.
El cardenal estadounidense Sean O’Malley, que ha dirigido el organismo desde su creación pero que se jubilará pronto, tras cumplir 80 años este año, reconoció su “frustración por la lentitud del cambio”, pero afirmó que las cosas estaban mejorando.