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Cuando el Congreso reanude sus actividades en enero de 2025, deberá centrarse en varios proyectos clave, algunos de los cuales ya han avanzado en el proceso legislativo, mientras que otros están a la espera de su aprobación final.
Los diputados de la oposición han señalado que las prioridades del Congreso deberían incluir la aprobación de las leyes dictadas por la Constitución, la renovación de la Cámara de Cuentas y la adopción de medidas para frenar el creciente endeudamiento del país. La actual legislatura concluirá el 12 de enero.
Uno de los primeros proyectos que se espera sea priorizado es la reforma al Código de Trabajo. Este proyecto ha estado detenido en el Senado tras ser discutido con sus autores, los empresarios y los sindicatos. El objetivo principal de la reforma es modernizar el Código de Trabajo, que no ha sido revisado de manera integral desde su promulgación en 1992. Aunque no se toca el beneficio de la cesantía, este tema ha generado un intenso debate debido a que los empresarios proponen una nueva forma de pago para este derecho laboral.
La renovación de la Cámara de Cuentas será otra de las tareas prioritarias del Congreso en enero. Este proceso comenzó en diciembre de 2024, y se espera que se complete antes de abril de 2025, cuando vence el plazo para nombrar a los nuevos miembros del organismo. El objetivo del Congreso es sustituir a los actuales integrantes de la Cámara de Cuentas, en medio de escándalos y conflictos internos que han afectado su credibilidad.
Otro de los proyectos que se enfocará el Congreso es la reforma a la ley del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que propone un nuevo sistema para la selección del procurador general de la República. Esta modificación también incluye la incorporación del presidente del Tribunal Constitucional como miembro del CNM. El proyecto ha avanzado significativamente, siendo aprobado en dos lecturas por el Senado y en primera lectura en la Cámara de Diputados. Solo falta su sanción en una segunda discusión para ser promulgado por el Poder Ejecutivo y sustituir a Miriam Germán Brito, quien ocupa el cargo de procuradora desde 2020.
Este proyecto forma parte de los ajustes contemplados en la nueva Constitución impulsada por el presidente Luis Abinader, que establece que el procurador ya no será designado directamente por el presidente, sino que será propuesto por este y su nombramiento dependerá de la decisión del CNM.