Santiago.- La jueza Ilka Méndez, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de este distrito judicial, reanudará este lunes la audiencia de conocimiento de medidas de coerción en contra de un hombre acusado de cometer una estafa por más de RD$18.4 millones de pesos en perjuicio del Estado dominicano y miles de particulares.
El Ministerio Público, asegura tener suficientes elementos probatorios para demostrar la responsabilidad penal del imputado José Antonio Santana Moronta.
Tras una rigurosa investigación que se extendió por varios meses, la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, logró desarticular la red que había sustraído los fondos, suplantando la identidad de miles de personas de escasos recursos económicos que recibían asistencia a través de la Administradora de Subsidios Sociales (Adess).
De acuerdo con el órgano acusador, la mafia operaba desde el Colmado Moronta ubicado en el distrito municipal La Canela, propiedad del imputado, desde donde se realizaban las transacciones bancarias fraudulentas con tarjetas duplicadas o clonadas con las que sustraían los fondos de los programas “Comer es Primero” y “Quédate en Casa”.
El expediente detalla que el acusado se valió de ser parte de la Red de Abastecimiento Social (RAS) para cometer la estafa por RD$18,445,182.66, en perjuicio del Estado y de miles de beneficiarios de los programas sociales.
Las operaciones fraudulentas se realizaban, en su mayoría, en horas de la noche y la madrugada, lo que generó una alerta en la institución financiera que identificó 58,738 transacciones sospechosas, realizadas entre el 9 de septiembre y el 8 de diciembre de 2020.
El pasado 22 de diciembre, los fiscales actuantes y agentes del Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat), de la Policía Nacional, allanaron el establecimiento del detenido y arrestaron al propietario.
El Ministerio Público le imputa al detenido la violación a la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, alusivos a códigos de acceso (clonación de tarjetas electrónicas), obtención ilícita de fondos y robo de identidad.
Además, los delitos de desfalco, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y abuso de confianza, descritos y sancionados en los artículos 166, 167, 169, 170, 171, 265, 266, 405 y 408 del Código Penal Dominicano (CPD).El pasado 28 de diciembre, el tribunal ordenó el aplazamiento de la audiencia para permitir la comparecencia a la audiencia a otros afectados del proceso, que han sido debidamente citados.
