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El profesor Fernando Altagracia Peña Eusebio, acusado de violar a una estudiante menor de edad en el municipio de Quisqueya, San Pedro de Macorís, se presentará este lunes ante la Oficina de Atención Permanente, donde se le conocerá la medida de coerción.
Peña Eusebio es acusado por el Ministerio Público de infringir los artículos 330, 331 y 332 del Código Penal, que se refieren a atentados al pudor, así como el artículo 396 y sus numerales A, B y C, que abordan el abuso contra niños, niñas y adolescentes.
Además de Fernando Altagracia, se le atribuye la implicación en el caso a otro docente del centro educativo, Alejandro Roberto Bello Matos, quien se encuentra prófugo de la justicia desde hace más de una semana.
La denuncia fue presentada por el padre de la menor, quien el 18 de noviembre acudió a la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales para formalizar la acusación contra Bello Matos y Peña Eusebio.
Según las declaraciones del padre, se enteró del abuso el 16 de noviembre, cuando su hija confesó a su madre que ambos maestros la habían agredido sexualmente.
La adolescente relató que Fernando Altagracia Peña la había violentado sexualmente durante tres meses, mientras se encontraba en la escuela.
El documento del Ministerio Público indica que Fernando amenazaba a la menor, diciéndole que si hablaba sobre lo que él le hacía, le ocurriría algo peor; también se menciona que el profesor intentaba ahorcarla.
“Una vez la agarró por el cuello que la tuvo a matar. Fernando trataba de ahorcarla y le apretaba el cuello, a la vez este amenazaba diciéndole que si ella hablaba le iba a pasar algo peor”, dice el expediente acusatorio, de acuerdo a declaraciones del padre de la adolescente.
En cuanto a Alejandro Roberto Bello, quien era docente de matemáticas, también abusó de la estudiante en una iglesia.
La revelación del caso ha generado una gran consternación en diversos sectores de la sociedad dominicana, y los familiares de la menor exigen justicia por lo ocurrido.
Asimismo, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) condenó los hechos y pidió a las autoridades llevar a cabo una investigación exhaustiva que determine la veracidad de los acontecimientos y establezca las responsabilidades legales. Además, suspendió a los docentes acusados.
Más tarde, el ministro de Educación, Ángel Hernández, informó que otras tres personas habían sido suspendidas de sus funciones, sumando un total de cinco.
“El Ministerio de Educación desde que supo la información suspendió a los docentes involucrados así como a otras personas del centro escolar que se supone tuvieron conocimiento del hecho antes de haberse denunciado”, dijo el ministro.
Sin embargo, el titular de Educación se limitó a especificar las funciones de las otras tres personas que fueron suspendidas.