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El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, aclaró este miércoles en el programa El Sol de la Mañana del Grupo RCC Media que la Consultoría Jurídica no tuvo participación en la elaboración de la Ley 1-24 del DNI, aclarando que este trabajo fue realizado por el propio personal técnico del DNI.
Según él, los encargados de redactar el proyecto de la Ley 1-24, se aseguraron de que las acciones de la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI) y los servicios de inteligencia estuvieran alineadas con las normativas constitucionales y legales vigentes.
Peralta sugirió que con la Ley del DNI, la institución intentaba legalizar prácticas que, según él, ya se realizaban sin una legislación previa que las amparara.
Consideró que la acción del Tribunal Constitucional (TC) es parte del proceso democrático del país. Señaló que República Dominicana está entrando en una etapa de madurez institucional y que los ciudadanos deben acostumbrarse a ver este tipo de eventos como una parte normal del funcionamiento del sistema.
En cuanto a la derogación de la Ley 1-24, explicó que el TC no se refirió al fondo en razón de que esa ley independientemente de que fue aprobada con la mayoría requerida para ser Ley Orgánica no estaba titulada como tal.
Planteó que estudió la sentencia relativa a la Ley 1-24 y asegura que esa Ley fue objeto de observación por el Ejecutivo y que esas observaciones no se conocieron en la Cámara de Diputados, lo que consideró como “un vicio de forma importante”.
Peralta explicó que el vicio de forma de la Ley 1-24, es un criterio legítimo del TC. Destacó que la razón de esta resolución es porque si se quisiera modificar posteriormente esa ley surgirían dudas sobre cómo se llevaría a cabo ese cambio. Según Peralta, el Tribunal actuó con una postura institucional y protectora, buscando garantizar la integridad y claridad del proceso.
Concluyó que el Tribunal Constitucional no abordó el fondo del asunto, lo que no implica que esté de acuerdo con el contenido de la Ley 1-24. Aclaró que, el TC no declaró que esta ley afecte la libertad de expresión o la intimidad, como algunos han afirmado, ya que su pronunciamiento se ha centrado exclusivamente en el aspecto formal del proceso.
“Lo que sí dijo el Tribunal es que esa Ley no regula Derechos Fundamentales. El Tribunal la declara orgánica, no porque regula derechos fundamentales, sino porque se refiere a la seguridad y defensa”, y según los expertos “la DNI no tiene que ver con seguridad, sino inteligencia”, dijo.
Explicó que, como resultado de la situación con la Ley 1-24, ya se ha elaborado un nuevo proyecto de ley que será reintroducido. Este incluirá las observaciones realizadas por la sociedad civil y seguirá el proceso adecuado para ser nominado como Ley Orgánica, con el fin de subsanar los problemas que se han señalado en la versión anterior.
Respecto a la Cámara de Cuentas dijo que no tiene mucha información sobre ese tema, ni ha escuchado al presidente referirse al respecto.
En cuanto a las leyes que se sometieron recientemente resaltó algunas complementarias al Código Penal vigente, el proyecto de ley contra secuestro y el de crimen organizado, para endurecer las penas y precisarlas.
Otro proyecto de ley que consideró que es de gran trascendencia, es el que busca crear una oficina dedicada a la protección de las víctimas, cual hasta ahora es asumido por el Relevic, una dependencia del Ministerio Público.