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La Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió el viernes una resolución que abre las puertas a que el presidente, Nayib Bukele, busque la reelección en las elecciones generales de 2024. Hasta ahora, los presidentes no podían revalidar su mandato de forma consecutiva sino que debían esperar dos legislaturas, es decir, 10 años.
En su fallo, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema ordenó al Tribunal Supremo Electoral 'que permita, de conformidad al artículo 152 ordinal 1º (de la Constitución), que una persona que ejerza la presidencia de la República y no haya sido presidente en el período inmediato anterior participe en la contienda electoral por una segunda ocasión”.
La decisión del máximo tribunal constitucional supone que Bukele puede optar a ser candidato presidencial, ya que en la legislatura anterior el cargo estaba en manos de Salvador Sánchez Cerén, del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMN).
La resolución responde a una demanda de pérdida de derechos ciudadanos que presentó el abogado Salvador Enrique Anaya contra Nancy Díaz Martínez por supuesta violación la Constitución al promover y suscribir actas para apoyar la reelección o continuación del presidente de la República.
El artículo 152 de la Constitución dice que no podrá ser candidato a presidente “el que haya desempeñado la presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el periodo inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del periodo presidencial”.
El fallo judicial provocó una oleada de reacciones de los seguidores de Bukele felicitándose, mientras que analistas criticaron la decisión y los opositores expresaron su rotundo rechazo.
“Algunos habíamos advertido que esta era una vía para romper la alternancia y permitir la reelección, pese a que está prohibido. La elección 2024 será una gran farsa”, advirtió el abogado Eduardo Escobar, de la ONG Acción Ciudadana.
“El despacho jurídico de Capres (Casa Presidencial) acaba de ‘avalar’ inconstitucionalmente la reelección presidencial. El Estado dejó de estar al servicio del pueblo para pasar al servicio de una persona”, manifestó Anabel Belloso, diputada del FMLN, en su cuenta de Twitter.
Por su parte, el partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), afirmó que “La búsqueda por perpetuarse y la concentración de poder es antesala a una dictadura. El poder tiende a corromper. El poder absoluto corrompe absolutamente”.
Anaya, el abogado demandante, dijo en Twitter que “lo que hoy se publicó por las personas que Capres impuso el 1 (de) mayo, NO ES ni resolución, ni sentencia, se trata, simplemente, de una wila (carta de las pandillas) que Capres envió. Ese papel chuco no tiene ningún valor jurídico: no está firmado por magistrados”.
El 1 de mayo, al asumir la nueva Asamblea Legislativa controlada por el partido Nuevas Ideas de Bukele, destituyó a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General, una decisión que recibió duras criticas tanto dentro como fuera de la nación centroamericana por considerar que atenta contra la división de poderes. Esa misma noche, el pleno de la Asamblea escogió y juramentó a cinco nuevos magistrados para la sala y a un Fiscal General.