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Contra los exministros de Obras Públicas y Comunicaciones Gonzalo Castillo y Ramón Pepín fue depositada una querella por el supuesto manejo irregular de más de 19,000 millones de pesos en la compra de Hormigón Asfáltico Caliente.
La organización cívica no partidista Sed de Justicia depositó ayer en la Procuraduría General de la República querella donde afirman que Castillo y Pepín, supuestamente en el ejercicio de sus funciones cometieron malversación de fondos públicos y defraudación en la compra grado a grado de más de 19,000 millones de pesos en Hormigón Asfáltico caliente (HAC), en los periodos abril-septiembre de 2019 y enero-marzo de 2020.
Indicó que esto se evidencia en las documentaciones oficiales del propio Ministerio, y ante las conclusiones de la Dirección General de Contrataciones Públicas que, explicó, encontró graves violaciones a la Ley, y el posible contubernio de Castillo y Pepín para beneficiarse directa o indirectamente de los fondos envueltos en estas operaciones ilegales.
La organización, representada por su presidente el empresario financista Franc Rosario, sostuvo en el documento que las supuestas actuaciones de los exfuncionarios constituyen una falta grave por las implicaciones de defraudación del erario y los daños y perjuicios causados al Estado Dominicano, al no disponer de opción para elegir los mejores precios la mejor calidad y mejores condiciones comerciales bajo preceptos de transparencia y racionalidad que manda la ley.
Expuso que el 19 de diciembre del pasado año, en el programa El Informe, del cual anexaron un cedé, se reveló que en el Ministerio de Obras Publicas bajo la gestión de Castillo había otorgado 39 contratos grado agrado a compañías previamente elegidas por él, a las que compró más de RD$11500 millones de pesos en hormigón asfaltico caliente HAC, sólo en el periodo abril-septiembre de 2019, en un esquema de coalición para delinquir de los funcionarios responsables de ese ministerio, encabezados por Castillo Terrero y Pepín, a la sazón ministros de Obras Públicas en los períodos investigados, pues el segundo fue el sustituto del primero.
La organización cívica no partidista dijo, también, que a la fecha se desconoce el destino dado por Castillo y Pepín a las compras de hormigón asfaltico caliente, que agregó, fueron hechas fuera de la ley y los controles existen,
“Prevaleciendo serias dudas sobre la certeza de que los materiales asfálticos pagados de manera fraudulenta por los señores Castillo y Pepín en ejercicio de sus cargos llegaran efectivamente a mano del Ministerio de Obras Publicas y de que se les diera el uso institucional objeto de la supuesta necesidad usada como argumento para realizar compras al vapor a empresas previamente seleccionadas, cosa esta que deberá comprobar el Ministerio Público en sus diligencias , como obedeciendo a un patrón con todas las características de Cosa Notu, o concierto para delinquir bajo la sombra de un cartel del asfalto”, expuso.
Manifestó que la Dirección General de Contrataciones Públicas, de la cual dijo que pese a que en todo momento se negó a suspender las compras ilegales dictando las medidas cautelares o cancelación por las evidencias abrumadoras de que se estaba frente a un grupo delictivo que procuraba defraudar al Estado, ha publicado en esta fecha un informe que remitió a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, en el que concluye en que, “más allá de toda duda razonable, ciertamente los señores Castillo y Pepín violentaron la Ley 340-06 y otras leyes que castigan la corrupción en el manejo de los fondos del Estado, y pudieron haberse constituido en asociación de malhechores junto a los miembros del Comité de Compras y funcionarios de diferentes niveles del Ministerio de Obras Públicas para defraudar al Estado, informe que ha sido del conocimiento de toda la opinión pública al poner al Ministerio Público en conocimiento de estos hechos ilícitos”.
Asimismo, sugirieron a la procuradora general de la República, Miriam Germán Berito, que para asegurar que los implicados no se sustraigan al proceso investigativo o puedan maniobrar para entorpecer la acción de la justicia, se adopten de medidas cautelares provisionales de impedimentos de salida, e inmovilización de los bienes de Castillo y Pepín, incluyendo el bloqueo de los activos y cuentas de bancos personales y de las empresas vinculadas Grupo GAMPSA ( Helidosa Aviation Group, Constructora Castillo López S.A., Minicompsa & Perla Del Sur Investment Group) así como otras empresas y bienes muebles o inmuebles que el Ministerio Público determinen estén vinculadas, y otros funcionarios que resulten implicados en los hechos denunciados.