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El Ministerio Público lanzó la Operación Pandora para desarticular una red criminal integrada por agentes de la Policía Nacional, acusados de la sustracción de más de 900,000 proyectiles.
Entre los detenidos figura el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, quien estaba a cargo de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional, entidad clave en la custodia de las municiones.
La investigación surgió a partir de una solicitud del Ministerio de Interior y Policía junto con el director general de la Policía, iniciada en octubre.
Además, fueron arrestados otros miembros de alto rango, incluyendo el subintendente Juan Miguel Pérez Soler, el capitán Nelson Valdez, y el capitán Víctor Manuel Santos, señalado por alterar resultados de auditorías para encubrir la pérdida de municiones.
La Operación Pandora, desplegada este domingo en el Distrito Nacional y varias provincias, contó con la participación de más de 200 agentes y 40 fiscales, quienes llevaron a cabo allanamientos en diferentes puntos estratégicos, incluyendo Santiago, Santo Domingo, Sánchez Ramírez y Pedernales.
Además, se encuentran bajo arresto para medidas de coerción el sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat, el cabo Juan Luis Díaz Medina, los rasos Rubiel Martínez (alias Escobar) y Moreibin Medina Pérez, así como la imputada Miguelina Bello Segura, quienes fungían como piezas clave en la parte operativa de la organización criminal.
El Ministerio Público subrayó que el capitán Santos llevaba más de seis años como auditor en la Intendencia de Armas y que, además de falsificar datos en la auditoría de febrero, se asoció con los líderes de la red para intentar manipular de nuevo los números ante el avance de la investigación, acción que fue rápidamente detectada por los investigadores.
En las últimas semanas, los fiscales y equipos técnicos del Ministerio Público han trabajado extensamente para llevar a cabo esta operación, que tiene una auditoría de la Policía Nacional que evidenció violaciones no solo de carácter disciplinario, sino también de naturaleza penal.
Las diligencias investigativas permitieron la incautación de armas, proyectiles, evidencias digitales, cientos de transacciones económicas, pruebas testimoniales y datos extraídos de dispositivos electrónicos, consolidando un robusto conjunto de pruebas para presentar ante el juez de instrucción.
El Ministerio Público señaló que este caso es un ejemplo de cómo la colaboración interinstitucional puede dar resultados efectivos en la lucha contra el crimen organizado.
También valoró el compromiso de la Policía Nacional con el Estado de derecho y su proceso de reforma al denunciar estos hechos. “Estamos convencidos de que este caso marcará un antes y un después en la lucha contra la corrupción dentro de las fuerzas del orden”, indicó el organismo en un comunicado de prensa.