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Una dominicana fue sentenciada a 54 meses de prisión y otros cuatro años en libertad de manera supervisada, por usar identidades robadas de contribuyentes y empresarios para defraudar al Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos, desde en un banco y unos 2.1 millones de dólares en ayuda por COVID-19.
El juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Richard G. Stearns, también ordenó a Luz Paulino, de 42 años y residente en Lawrence, Massachusetts, a pagar 37,056 dólares en restitución a MetaBank y 456,300 dólares a la Administración de Pequeñas Empresas.
En junio de este año, la dominicana se declaró culpable de un cargo de conspiración de fraude bancario, un cargo de fraude bancario, dos cargos de fraude electrónico y dos cargos de robo de identidad agravado.
Paulino fue arrestada en diciembre de 2020 y acusada por un gran jurado federal en enero de 2021.
En un comunicado, el Departamento de Justicia señala que, durante su libertad preventiva, Paulino huyó de Estados Unidos y permaneció prófuga durante 19 meses. Siendo devuelta a los Estados Unidos por las autoridades panameñas, para su segundo arresto por el caso.
El comunicado de la justicia estadounidense indica que la dominicana Lus Paulino era propietaria y operaba Agape Financial Services, una empresa con sede en Lowell, Massachusetts, que ofrecía servicios de preparación de impuestos y notaría.
De acuerdo con la acusación contra Paulino, la mujer presentó declaraciones de impuestos federales falsas y fraudulentas utilizando las identidades, nombres y números de Seguro Social robados de víctimas individuales entre el 2019 y principios de 2020.
Las declaraciones de impuestos fraudulentas, dice la justicia de EE.UU., reportaron información falsa sobre salarios, empleadores y dependientes, entre otras cosas, para reclamar reembolsos de impuestos.
Para ocultar su participación, Paulino declaró falsamente al IRS que las declaraciones habían sido preparadas por dos exempleados de Agape. Luego, Paulino utilizó las declaraciones fraudulentas para obtener préstamos anticipados de reembolso de un banco a nombre de sus víctimas, los que fueron retirados por la dominicana y otras personas a las que reclutó utilizando documentos de identificación falsos y firmas falsificadas.
Paulino utilizó por separado identidades robadas de empresarios que vivían en California, Míchigan, Indiana y otros lugares para solicitar a la SBA 2.1 millones de dólares en Préstamos por Desastre de Emergencia por Lesiones COVID-19.
Entre junio de 2020 y octubre de 2021, las aplicaciones falsas de Paulino enumeraron empresas ficticias que supuestamente perdieron ingresos durante la pandemia. Utilizó los fondos del préstamo obtenidos de manera fraudulenta para transferir más de 395,000 de dólares a la República Dominicana y para comprar un Cadillac 2020 por 86,000 dólares, entre otras compras, agrega el comunicado publicado por el Departamento de Justicia.