x
El movimiento Justa Libertad, conformado por organizaciones feministas y defensoras de los derechos humanos en Ecuador, ha pedido a la Corte Constitucional que despenalice el aborto, ya que considera que la existencia del delito en el código penal "genera graves afectaciones en materia de derechos humanos, de justicia social y de salud pública en la vida de las mujeres y personas gestantes" del país.
"El delito es ineficiente, genera injusticia social porque afecta principalmente a las mujeres más vulnerables y marginadas, y genera un grave problema de salud pública porque expone a las mujeres, niñas y personas gestantes a abortos inseguros", explica a Efeminista Ana Vera, directora ejecutiva de Surkuna y portavoz de Justa Libertad. En Ecuador, 54 niñas, adolescentes y mujeres son hospitalizadas cada día por causas relacionadas con abortos, según cifras del Ministerio de Salud.
"Además, la existencia de este delito nos impone a partir del derecho penal el mandato de la maternidad. Eso quiere decir que no podemos decidir ni siquiera sobre lo más íntimo en nuestras vidas que es nuestro cuerpo, que es nuestro plan de vida, y si queremos ser madres o no, sino que el derecho penal nos obliga a ser madres bajo la amenaza de una pena privativa de la libertad", agrega Vera.
Surkuna es una de las organizaciones que junto a Las Comadres, Alianza de Derechos Humanos, Amazon Frontlines, Bolena, CEPAM Guayaquil, Fundación Lunita Lunera y Sendas impulsan la acción de inconstitucionalidad que se presentó este 19 de marzo ante la Corte en Quito. En otras ciudades como Guayaquil, Cuenca, Machala, Esmeraldas, Tulcán y Lago Agrio, movimientos feministas también realizaron acciones simbólicas para manifestar su apoyo.
Lo que busca Justa Libertad es que la Corte de Ecuador declare la inconstitucionalidad del artículo 149 del Código Orgánico Integral Penal que sanciona con entre seis meses y dos años de cárcel a la mujer que cause su aborto o permita que otro se lo practique y de entre uno a tres años a la persona que le ayude a abortar con su consentimiento. Una petición similar a la que realizó el movimiento Causa Justa en Colombia y que permitió que la Corte de ese país despenalizara en 2022 el aborto hasta la semana 24.
"Nosotras consideramos que estamos listas para dar este paso. Este es el momento de defender la libertad. Es ahora, el país está listo para esto", agrega Vera.
Con el pedido de Justa Libertad, Ecuador retoma la conversación sobre la despenalización del aborto que llegó a su punto más alto entre 2021 y 2022, después de que la misma Corte declarara la inconstitucionalidad del numeral 2 del artículo 150 del código penal, que solo permitía la interrupción del embarazo por violación a las víctimas que tenían discapacidad mental. Según el fallo de los jueces, el artículo discriminaba al resto de mujeres que no tenían esta discapacidad y que habían sido víctimas de violencia sexual.
Los magistrados ordenaron a la Defensoría del Pueblo que elabore un proyecto de ley para normar el acceso al procedimiento, el cual se aprobó en la Asamblea Nacional en febrero de 2022 con una serie de cambios al texto original. Un documento que el entonces presidente Guillermo Lasso volvió a modificar casi por completo para introducir temporalidades y requisitos que limitaban aún más el acceso.
Además de la causal violación, en Ecuador se puede acceder a un aborto si el procedimiento se realiza para evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer embarazada.
Sin embargo, dice Ana Vera, las causales nunca fueron suficientes, pues las mujeres se enfrentan a múltiples obstáculos para poder abortar bajo los parámetros legales. "Hemos constatado durante todos estos años que el acceso a un aborto dentro de estas causales es casi imposible justamente porque la existencia del delito de aborto genera barreras muy fuertes alrededor del acceso, incluso en estos casos donde la vida, la salud y la integridad de las mujeres están en riesgo", señala.
"La existencia del delito genera que el sistema de salud sea un espacio hostil para las mujeres, donde hay mucho estigma y juzgamiento, donde existen barreras institucionales en los servicios de salud, barreras personales de los profesionales, maltrato, violencia y criminalización", afirma Vera.
Según un estudio de Human Rights Watch, el 73 % de los procesos judiciales por aborto inició después de que un profesional de la salud denunciara a una paciente a la policía, violando el deber de confidencialidad de los profesionales médicos. En los últimos 10 años, 493 personas fueron criminalizadas por el delito de aborto consentido en Ecuador, de las cuales el 61% eran mujeres, de acuerdo con cifras de la Fiscalía.
"Hemos podido constatar en este tiempo que a pesar de que tenemos estas dos causales, a pesar de que tenemos una ley de aborto por violación, las barreras ganan. El Ministerio de Salud reporta que entre 2021 y 2023 solamente 93 mujeres han accedido a procesos legales de aborto y eso es sumamente grave porque Ecuador tiene aproximadamente 15.000 complicaciones derivadas del aborto al año. Esto quiere decir que menos del 1 o 2 % de las mujeres está accediendo a las causales legales y esto tiene que ver con que la mayor barrera de acceso es la existencia del delito de aborto en el código penal", menciona.