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Santo Domingo.- El abogado Pedro José Duarte Canaán ha solicitado la reactivación del caso de Paula Santana Escalante, cuyo expediente fue archivado provisionalmente. Durante una rueda de prensa, Duarte comentó que el Ministerio Público actúa como una "agencia ejecutiva estatal que aplasta a los vulnerables y protege a los criminales de cuello blanco".
Paula Santana, quien trabajaba en la zona franca de las Américas en Santo Domingo Este, fue hallada sin vida en una alcantarilla, lo que ha suscitado demandas de justicia por parte de su familia y la comunidad.
Duarte enfatizó la importancia de interrogar a los propietarios de la empresa y a los supervisores que podrían tener información relevante sobre el caso.
Entre las acciones propuestas por el abogado se incluyen el análisis del celular de la víctima, específicamente su iPhone 11, para rastrear las últimas comunicaciones, así como realizar una ilustración forense de las llamadas entrantes y salientes. Además, sugirió regresar a la escena del crimen y examinar las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona franca.
Duarte criticó la actuación del Ministerio Público, señalando que ha fallado en su deber de protección hacia las víctimas y la sociedad dominicana. “Se está enviando un mensaje preocupante sobre la falta de representatividad en la justicia”, afirmó, añadiendo que el caso de Paula es un ataque no solo a ella, sino a toda la comunidad.
El abogado también expresó su disposición a colaborar con las familias de las víctimas y su compromiso de trabajar en la investigación, resaltando la percepción de un "clasismo" en el sistema judicial que afecta la confianza de la población. “Si la víctima hubiese sido una joven de un estrato social privilegiado, todas las agencias del Estado estarían tras esa investigación penal”, señaló, subrayando que todos los involucrados deben ser tratados de manera equitativa, independientemente de su estatus social o económico.
Durante su intervención Duarte instó a que se tomen medidas urgentes para garantizar que la justicia sea accesible y equitativa para todos, advirtiendo sobre las implicaciones de un sistema judicial que favorece a ciertos sectores de la sociedad.