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Instalaciones inadecuadas, desarraigo social, deficiente atención sanitaria o presencia policial durante los partos. Así cumplen condena las mujeres privadas de libertad en cárceles españolas, enfrentando discriminación y falta de adaptación del sistema penitenciario a sus necesidades específicas.
El informe anual del Defensor del Pueblo 2023, presentado por Ángel Gabilondo este 22 de marzo, incide en que "las mujeres privadas de libertad son un colectivo cuantitativamente pequeño, pero con necesidades muy concretas que deben ser valoradas y estudiadas en su especificidad".
Las mujeres representan alrededor del 7 % de la población reclusa total, sin embargo, según explica a Efeminista la voluntaria de Acope (Asociación de Colaboradores con las Mujeres Presas), Mercedes Martín, esta cifra "no puede justificar la pérdida de sus derechos".
La falta de perspectiva de género en las cárceles, que refleja ahora el Defensor del Pueblo, es lo lleva denunciando Acope durante 38 años, según afirma la voluntaria sobre el informe.
La presencia minoritaria provoca, según el informe, que las mujeres cumplan condena en cárceles pensadas para hombres, en departamentos pequeños, con servicios insuficientes o lejos de sus círculos sociales y familiares, sin garantizar el derecho a estar en una prisión cercana a su residencia.
De los 66 centros penitenciarios que hay en el Estado español, solo cuatro son exclusivamente de mujeres. El resto de las reclusas están en módulos dentro de prisiones masculinas. La media de edad de las encarceladas se sitúa entre 41 y 50 años y en torno al 80 % son madres.
"Las mujeres van a vivir su internamiento de forma diferente. Normalmente no estarán cerca de su familia, no podrán hacer el mismo uso de las zonas comunes en prisión, ni acceder a muchos de los trabajos mejor remunerados. No podrán acceder a determinados programas de tratamiento de salud mental, por ejemplo, o vivirán carencias en los servicios de salud sexual y reproductiva", asegura Martín.
La situación se agrava para las mujeres con discapacidad, quienes enfrentan aún mayores desafíos para acceder a un espacio adecuado a sus necesidades.
El Defensor del Pueblo destaca también las deficiencias en la atención a las embarazadas en prisión, como falta de preparación para el parto y escasez de atención a sus necesidades básicas durante el periodo de gestación.
"Una de las mayores quejas de las mujeres es la falta de intimidad durante el parto con personal de seguridad presente y la falta de apoyo familiar en el ingreso", asegura Martín, quien considera que "queda mucho por mejorar".
El informe reitera la "recomendación" formulada en 2022 a la Dirección General de la Policía "relativa a la necesidad de evitar la presencia policial durante el parto de las mujeres privadas de libertad procedentes de centros penitenciarios y que se encuentran hospitalizadas, habida cuenta de la ausencia de peligro para la seguridad y orden del centro médico durante los momentos del alumbramiento". La respuesta fue "que la custodia policial preceptiva se hace desde una habitación anexa al paritorio y nunca en la misma sala de partos".
La legislación española contempla el derecho de las madres a mantener a sus hijos con ellas hasta que cumplan tres años. Sin embargo, el Defensor del Pueblo asegura que "la crianza de los hijos en una unidad de madres apenas posibilita la implicación del padre, situación muy distante de los estándares deseables, que, además, limita la vinculación de menores y padres".
La presencia de un solo módulo familiar en todo el sistema penitenciario nacional, ubicado en el Centro Penitenciario Madrid VI (Aranjuez), plantea serias limitaciones para garantizar el derecho a la crianza en unidades familiares adecuadas.
La voluntaria de Acope resalta así la importancia del acceso a módulos familiares, ya que esto facilita "que los padres se corresponsabilicen de la crianza".
Otra de las grandes preocupaciones de Acope es la salud de las mujeres presas. El Comité contra la Tortura de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes señaló deficiencias en los servicios de salud sexual y reproductiva para mujeres en prisión en su informe de agosto de 2023.
El propio Defensor del Pueblo denuncia ahora "la precaria situación en la que se encuentra la sanidad penitenciaria".
"La carencia de personal médico en la mayoría de las cárceles se está traduciendo en una merma grave de la salud durante el encierro. Necesitamos que mejore el sistema sanitario dentro de prisión", pide Martín.
La ausencia de protocolos con perspectiva de género en las detenciones se destaca tanto en el informe como en las observaciones de la voluntaria de Acope. Se traduce en una desatención a las necesidades específicas de las mujeres, desde el acceso a productos de higiene menstrual durante su detención hasta considerar su situación durante el embarazo o la lactancia.
"No se estudia, por ejemplo, si la mujer ha llegado a esta situación como víctima de violencia de género u otros factores de riesgo (abortos, agresiones, etc.)", asegura Martín.
Sin una comprensión adecuada de las dinámicas de género y las necesidades específicas de las mujeres, es difícil garantizar una atención integral y respetuosa. Aunque la Ley Orgánica 10/2022 establece la obligación de incluir la perspectiva de género en la formación del personal penitenciario, su aplicación ha sido desigual y tardía, según el informe.
Tanto la ley como las visitas de supervisión realizadas se centran principalmente en garantizar la salud y prevenir los abusos dentro de la prisión. Sin embargo, la voluntaria de Acope enfatiza la importancia de ir más allá y abordar las situaciones que conducen a que las mujeres acaben en prisión.
Especialmente si se tiene en cuenta que las principales causas de ingreso de las mujeres en prisión son delitos contra el patrimonio y orden socioeconómico y contra la salud pública, según Instituciones Penitenciarias.
Esto incluye "adoptar una perspectiva de género desde el momento de la detención, considerando factores como la victimización previa, la situación de hijos dependientes y la feminización de la pobreza", explica Mercedes Martín.
Y recuerda que "también viven de forma diferente su salida de prisión, normalmente es mucho mayor la condena social por romper con los roles que se esperan de una buena madre o una buena mujer".