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La promulgación de la ley 1-24 que regula la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) ha generado preocupación en distintos sectores, por sus presuntas violaciones a la constitución.
El malestar se ha desatado porque la ley, en el artículo 11, señala que las entidades públicas y privadas deberán entregar todos los datos e informaciones requeridas por oficiales de la DNI que atenten contra la ‘’seguridad nacional’’, de lo contrario podrían enfrentar hasta 3 años de prisión y multas de 9 a 15 salarios mínimos del sector público.
Ante esto, se han elevado los rechazos hacia esta norma, ya que el Poder Ejecutivo no especifica qué tipo y cuáles informaciones sé revelaran por ‘’la seguridad del país’’, lo que antepone una especie de maniobras, salvaguardadas a nombre del Estado para controlar sectores y los ciudadanos a conveniencia.
Algunos lo han catalogado como un instrumento político para espiar constantemente a todo al que se quiera sin tener ningún tipo de autorización, lo que da suponer que su vigencia no solo violentaría la libertad de expresión, sino la privacidad de datos.
El revuelo continúa debido a que, para muchos, esta ley no es necesaria cuando ya existe un proceder jurídico que establece a un juez de instrucción otorgar al Ministerio Público una orden judicial para acceder a los datos de cualquier organización si existe una investigación, y más una amenaza al Estado.
La Sociedad Dominicana de Diarios, consideró parte la ley es ambigua, confusa, y traerá como consecuencia diferentes interpretaciones, entre ellos: interceptaciones telefónicas, lo que respaldó la Asociación de Empresas de Comunicación y Tecnología, quien dice que atenta contra los derechos fundamentales.
Algunos han definido esta ley como “la antítesis de una sociedad democrática”, considerando que atenta al equilibrio entre la libertad y la justicia social. Otros, como Participación Ciudadana, indicaron que la nueva normativa establece claramente que las actuaciones del organismo se realizarán en el marco del respeto del debido proceso y amparo a la ley, respetando la dignidad y el honor.